Tras la expiración del tratado de control de armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, Moscú afirma estar preparada para actuar con responsabilidad, aunque se abren interrogantes sobre una nueva carrera armamentista y un vacío de restricciones nucleares por primera vez en décadas.
La Comisión Europea presentó este viernes 6 de febrero de 2026 un nuevo y ambicioso paquete de sanciones económicas contra Rusia, enfocado en los sectores de energía, servicios financieros y comercio, en el marco del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Las medidas deberán ser aprobadas por los 27 Estados miembros y buscan ahogar la economía del Kremlin y cerrar vías de evasión de sanciones, tanto dentro como fuera de Europa.
A comienzos de 2026, la Unión Europea enfrenta una paradoja estratégica: tras lograr el objetivo histórico de desvincularse casi por completo de los hidrocarburos rusos, se encuentra ahora atada a una nueva y creciente dependencia del gas natural licuado (GNL) proveniente de Estados Unidos.
Borís Nadezhdin, veterano político ruso y figura de la oposición, lanzó una tajante advertencia: desde la óptica del Kremlin, el único final posible para la guerra en Ucrania sería la capitulación total de ese país, es decir, que Kiev quede bajo control político de Moscú. Esta declaración fue formulada en una entrevista concedida a principios de diciembre, que se conoce ahora, y resume una visión profundamente crítica sobre la prolongación del conflicto y la postura del presidente Vladímir Putin frente al mismo.
El gobierno de Rusia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov, subrayó este martes la firme disposición de Moscú de continuar brindando asistencia política y material a Cuba, en medio de un clima de tensiones geopolíticas crecientes centradas en la isla caribeña. Esta postura se produce en un contexto de presión económica y amenazas por parte de Estados Unidos, así como de posicionamientos internacionales de aliados como China.
El Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia ha emitido una directiva que marca un punto de inflexión en la libertad académica del país.
