Nueva York anunció el cierre definitivo del Programa de Reasentamiento de Migrantes (MRAP), que ayudaba a reubicar y apoyar a familias migrantes alojadas en albergues. La medida se justifica por la disminución en la llegada de migrantes y la presión financiera.
El programa de peaje por congestión de Nueva York, vigente desde enero de 2025, enfrenta presión federal tras la revocación de su aprobación por parte del Departamento de Transporte. La medida, que busca reducir el tráfico y financiar el transporte público, podría ser suspendida si el estado no responde antes del 21 de mayo.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, fue víctima de un robo en un restaurante de Washington D.C., donde le sustrajeron su bolso con $3,000 en efectivo, documentos oficiales y credenciales de seguridad. El incidente, ocurrido mientras estaba acompañada por su familia y bajo vigilancia del Servicio Secreto, ha generado preocupación sobre la seguridad de los altos funcionarios.
Una gata llamada Sophie, parte del programa «Blue Collar Cats» de control de ratas en Washington D.C., ingresó de forma inesperada a la Casa Blanca. El felino fue encontrado en el North Lawn por periodistas, quienes alertaron a su dueña. Sophie pertenece a un programa que ubica gatos esterilizados en zonas urbanas para ahuyentar plagas. El episodio no representó riesgo para la seguridad, pero dejó en evidencia la necesidad de revisar los accesos al recinto presidencial.
Donald Trump anunció que si regresa a la presidencia implementará una orden ejecutiva para reclasificar a empleados públicos en la nueva categoría “Schedule Policy/Career”, facilitando su despido si no apoyan su agenda o cometen irregularidades. La medida busca “gobernar como una empresa”, pero genera preocupación por posibles despidos masivos y politización del servicio civil.
Una jueza federal en Massachusetts bloqueó temporalmente la revocación masiva del parole humanitario implementado por el gobierno de Biden para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida impide que más de 530,000 beneficiarios pierdan sus permisos legales de residencia y trabajo mientras se evalúan sus casos individualmente, tal como exige la ley migratoria. La administración Trump planea apelar el fallo.
