Activistas, abogados y académicos de todo el mundo han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que tome medidas contra la impunidad en los crímenes ambientales. Se ha instado a la CPI a investigar y procesar a individuos responsables de daños ambientales graves, argumentando que estas acciones también violan los derechos humanos.

La petición surge en respuesta a una invitación del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, quien anunció el desarrollo de un nuevo documento de política sobre crímenes ambientales. Este documento, que se publicará más adelante, se centra en promover la rendición de cuentas y la transparencia en este ámbito crucial.

Los expertos destacan que, aunque el Estatuto de Roma de la CPI no aborda específicamente los crímenes ambientales, podría utilizarse para procesar a individuos responsables de actividades que provocan daños ambientales graves. Argumentan que la destrucción ambiental frecuentemente viola los derechos humanos y puede calificar como genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.

El documento de política de la CPI incluirá referencias al Estatuto de Roma, tratados ambientales y normas de derecho internacional consuetudinario. Además, se espera que aborde la criminalización del ecocidio y los requisitos de diligencia debida para las corporaciones.

Se ha sugerido que políticos, líderes corporativos y miembros de bandas criminales organizadas podrían enfrentar cargos por actividades que causan daños ambientales, como la deforestación o la contaminación. También se ha planteado la posibilidad de responsabilizar a directores de empresas por daños climáticos, lo que podría tener implicaciones significativas para la industria de los combustibles fósiles.

Si bien la CPI ha sido criticada por su renuencia a investigar crímenes ambientales en el pasado, esta petición representa un llamado a la acción para abordar esta «oportunidad perdida». La participación de una amplia gama de partes interesadas, incluidas comunidades afectadas, grupos de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil, es fundamental para garantizar una respuesta efectiva a los crímenes ambientales a nivel internacional.