Por primera vez desde que un juez dictaminó que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, puede continuar supervisando el caso de interferencia electoral de Georgia 2020 contra el expresidente Donald Trump, la atención volverá a los detalles del caso en expansión.

En una audiencia prevista para el jueves, se espera que el abogado principal de Trump en Georgia argumente que la acusación debe ser desestimada porque el discurso político del expresidente está protegido por la Primera Enmienda.

En una moción presentada a finales de 2023, el abogado de Trump, Steve Sadow, argumentó que las afirmaciones de fraude electoral generalizado y la venta de teorías de conspiración en las elecciones presidenciales de 2020 estaban dentro del discurso político central de Trump y, por lo tanto, no debería haber sido acusado.

Willis ha expresado su disposición para retomar el caso, después de que el juez Scott McAfee dictaminara que no debería ser descalificada para encabezarlo tras la relación romántica que tuvo con su fiscal principal, Nathan Wade, quien se ha retirado del caso.

Aunque no se ha fijado una fecha para el juicio, Willis espera que comience antes de las elecciones de noviembre. La fiscal de distrito solicitó previamente que el juicio comenzara en agosto y dijo que podría volver a presentar esa solicitud.
Se espera que Trump no asista a la audiencia.

Los desafíos anteriores de la Primera Enmienda presentados por los ex coacusados ​​de Trump, Kenneth Chesebro y Sidney Powell, no tuvieron éxito.
En la acusación, los fiscales alegan que David Shafer, ex presidente del Partido Republicano de Georgia, actuó como el hombre clave para un plan de electores falsos, coordinándose con los co-conspiradores para certificar ilegítimamente a Trump como el ganador de las elecciones de 2020 en Georgia.

En su presentación, los abogados de Shafer argumentaron que él solo estaba tratando de cumplir con el consejo de un asesor legal y no era parte de una conspiración más amplia. Además, afirmaron que las acciones de Shafer no constituían «actividad de extorsión» para los propósitos de RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).