El gobernador de Iowa, Kim Reynolds, ha promulgado un proyecto de ley que establece como delito estatal la presencia de individuos en el estado que hayan sido previamente expulsados o les hayan negado la entrada a los Estados Unidos. Esta legislación, que entrará en vigencia el 1 de julio, ha generado preocupación en las comunidades de inmigrantes de Iowa y ha planteado dudas sobre su implementación y consecuencias legales.

La nueva ley, que refleja parcialmente una medida similar en Texas actualmente en disputa judicial, ha sido criticada por líderes republicanos locales y nacionales, quienes acusan al presidente Joe Biden de descuidar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración. Reynolds defendió la legislación como una medida necesaria para hacer cumplir las leyes de inmigración ya existentes, alegando que la administración Biden ha fallado en esta área.

Sin embargo, expertos legales y autoridades locales expresan dudas sobre la aplicación práctica de la ley. El jefe de policía de Des Moines, Dana Wingert, y el presidente de la Asociación de Sheriffs y Diputados del Estado de Iowa, Shawn Ireland, han señalado que los recursos y capacidades de las fuerzas del orden locales son limitados y no están equipados para asumir nuevas responsabilidades relacionadas con la inmigración.

La ley de Iowa establece sanciones penales para aquellos que tengan órdenes de deportación pendientes o hayan sido previamente expulsados de los Estados Unidos. Los inmigrantes detenidos podrían aceptar una orden de salida del país o enfrentar procesos judiciales adicionales. Sin embargo, el cumplimiento de estas disposiciones podría ser complejo y costoso, como se ha visto con una legislación similar en Texas actualmente impugnada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Mientras tanto, grupos comunitarios de inmigrantes en Iowa están brindando apoyo y orientación a los afectados por la nueva ley, organizando reuniones informativas y solicitando a las agencias policiales locales que aclaren sus políticas y procedimientos. Las comunidades inmigrantes enfrentan incertidumbre y preocupación sobre cómo la ley afectará su seguridad y bienestar en Iowa.