Estados Unidos presiona a 19 países de América Latina para que abandonen la Corte Penal Internacional
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, planteó la solicitud durante un foro de seguridad celebrado en Panamá y acusó a la Corte Penal Internacional de amenazar la soberanía de Estados Unidos y de sus aliados. El pedido alcanza a los integrantes de la coalición regional impulsada por Washington contra el narcotráfico.
El Gobierno de Estados Unidos pidió a los países latinoamericanos y caribeños que integran su coalición contra los cárteles del narcotráfico que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI), profundizando así su enfrentamiento con el tribunal con sede en La Haya.
La solicitud fue formulada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante un encuentro de seguridad regional celebrado en Panamá, donde cuestionó duramente la actuación de la Corte y aseguró que representa una amenaza para la soberanía de los Estados.
Hegseth reclama una ruptura con la CPI
Ante representantes de Defensa y Seguridad de la región, Hegseth recomendó que todos los miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles se retiren de la Corte y rechacen cualquier intento del organismo de ejercer jurisdicción sobre sus gobiernos o fuerzas de seguridad.
El funcionario sostuvo que no existe una base legítima para que la CPI intervenga en operaciones militares desarrolladas por Estados Unidos o sus aliados en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
La coalición promovida por la administración de Donald Trump reúne actualmente a 19 países de América Latina y el Caribe. Colombia formalizó recientemente su incorporación al bloque.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del tribunal
La Corte Penal Internacional comenzó a funcionar en 2002 tras la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Su misión es investigar y juzgar delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren llevar adelante esos procesos.
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y, por lo tanto, no es Estado parte de la CPI. Otras grandes potencias, entre ellas China, Rusia e India, tampoco forman parte del tribunal.
Washington mantuvo durante años una relación de cooperación selectiva con la Corte, aunque esa distancia se profundizó durante la administración Trump.
Las sanciones aumentaron el enfrentamiento
El Gobierno estadounidense impuso sanciones contra integrantes de la CPI, incluyendo restricciones de ingreso a Estados Unidos y congelamiento de activos de determinados jueces y fiscales.
Las medidas estuvieron relacionadas principalmente con las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes cometidos en el marco del conflicto entre Israel y los palestinos en Gaza.
La administración Trump considera que la Corte intenta extender indebidamente su jurisdicción sobre ciudadanos de países que no reconocen plenamente su autoridad.
Operaciones antidrogas también generan cuestionamientos
El planteamiento de Hegseth aparece además en medio de la ofensiva militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.
De acuerdo con la información difundida, Estados Unidos ha realizado ataques contra embarcaciones señaladas como parte de redes de tráfico de drogas. Un recuento citado por AFP señala alrededor de 215 muertos en 53 operaciones.
Juristas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de esas acciones y planteado que algunas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Hasta el momento, según la información disponible en el artículo, no se presentó una denuncia formal ante la CPI por estos hechos.
Washington defiende los resultados de su ofensiva
Hegseth aseguró que las operaciones provocaron una importante reducción del tránsito de embarcaciones vinculadas al narcotráfico y rechazó que organismos internacionales puedan interferir en las acciones de seguridad desarrolladas por Washington.
El secretario de Defensa también acusó a determinados organismos internacionales y sectores políticos de intentar utilizar la justicia internacional contra militares estadounidenses y de países aliados.
Una decisión delicada para América Latina
El pedido estadounidense podría abrir un nuevo foco de tensión diplomática en la región, especialmente porque varios países latinoamericanos mantienen compromisos jurídicos con la Corte Penal Internacional.
La presión coloca a los gobiernos involucrados frente a una decisión de fuerte impacto político: continuar dentro del sistema de justicia internacional establecido por el Estatuto de Roma o atender el pedido de Washington en momentos en que Estados Unidos busca ampliar la cooperación militar y de seguridad contra el crimen organizado en el continente.
Fuente: Infobae
