Una orden ejecutiva que sacude al sistema federal

El expresidente Donald J. Trump anunció una nueva medida que impactaría a decenas de miles de empleados del gobierno federal en caso de regresar a la presidencia. A través de una orden ejecutiva que se implementaría desde su primer día en el cargo, Trump informó que se reestructurará la clasificación laboral de funcionarios públicos involucrados en la formulación de políticas.

Nace la categoría “Schedule Policy/Career”

La propuesta crea una nueva categoría laboral llamada “Schedule Policy/Career”, destinada a empleados de carrera que trabajan en áreas de políticas públicas. Este cambio permitiría al Ejecutivo remover con mayor facilidad a quienes no cumplan con los estándares de desempeño o no promuevan la agenda presidencial.

El argumento central de Trump es que “si estos trabajadores del gobierno se niegan a impulsar los intereses del Presidente, o incurren en conductas corruptas, no deberían seguir empleados”. Según sus palabras, el objetivo es “dirigir al gobierno federal como si fuera una empresa”, introduciendo estándares más estrictos de rendición de cuentas.

¿A quiénes afecta?

Se estima que la medida podría abarcar a cerca de 50.000 empleados federales, lo que representa aproximadamente el 2% del personal civil. Serían principalmente aquellos que desempeñan funciones en áreas como asesoría, regulación, asuntos legales o planificación de políticas públicas.

El proceso contempla que cada agencia federal identifique, en un plazo determinado, los puestos susceptibles a esta nueva clasificación. Posteriormente, los cargos serían oficialmente designados bajo el nuevo régimen.

Reacciones divididas

El anuncio ha generado una ola de reacciones. Por un lado, sectores conservadores lo aplauden como un avance hacia un gobierno más eficiente, menos burocrático y con mayor alineación a los objetivos presidenciales.

Por otro lado, sindicatos y defensores del servicio civil temen una fuerte politización de los puestos públicos. Argumentan que la medida pone en riesgo la estabilidad laboral, la meritocracia y la imparcialidad histórica de la función pública. Algunos grupos ya han iniciado acciones legales para frenar cualquier avance en esta dirección.

Antecedentes: el regreso de una vieja propuesta

Esta iniciativa no es nueva. Durante su mandato anterior, Trump había impulsado una política similar bajo el nombre de “Schedule F”, la cual fue eliminada por Joe Biden apenas asumió la presidencia en 2021. Ahora, Trump retoma el concepto bajo otro nombre, aunque con ajustes técnicos para sortear los cuestionamientos previos.

¿Qué viene ahora?

La reimplementación de este modelo dependerá de que Trump gane las elecciones y ejecute la orden desde el inicio de su mandato. Si logra concretarse, supondría una transformación profunda en la estructura del empleo federal en Estados Unidos.

El debate está abierto: ¿se trata de una necesaria modernización del Estado o de una amenaza al profesionalismo e independencia de la administración pública?

Fuentes consultadas:
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