El panorama electoral en el Perú se ha teñido de sangre tras confirmarse el asesinato de Gilbert Infante, candidato al Congreso por el partido Fe en el Perú. El ataque, descrito por testigos y allegados como un acto de crueldad extrema, ocurrió en el distrito de Chorrillos, Lima, apenas horas después de que se celebrara un debate presidencial clave para el país.

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Un ataque con saña y premeditación

Gilbert Infante, quien ocupaba el número 25 en la lista legislativa de su formación, fue interceptado la noche del pasado martes al salir de una actividad proselitista. A diferencia de los crímenes comunes perpetrados con armas de fuego, los atacantes utilizaron ladrillos para acabar con su vida, cumpliendo así con las siniestras advertencias que la víctima había recibido semanas antes.

Según relató Álvaro Paz de la Barra, líder del partido y candidato presidencial, a Infante ya le habían advertido que su muerte sería «lenta y dolorosa». El político fue trasladado de urgencia al Hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, donde finalmente falleció debido a la gravedad de los traumatismos craneales.

Amenazas ignoradas y un clima de temor

El asesinato de Infante no parece ser un hecho aislado. Paz de la Barra denunció que varios integrantes de «Fe en el Perú» han estado siendo blanco de amedrentamientos por parte de grupos criminales. «Él vino a mi casa con otros compañeros para mostrarme los mensajes de amenaza», afirmó el líder político, señalando que los victimarios hacían alusión directa a las propuestas de cadena perpetua para criminales que el partido promueve en su campaña.

A pesar del peligro latente, muchos de estos candidatos optaron por no formalizar las denuncias ante la Policía Nacional del Perú (PNP), presuntamente por desconfianza en el sistema o temor a represalias inmediatas.

Perfil del candidato y contexto de inseguridad

Gilbert Infante basaba su campaña en la promesa de «pacificar el país en 100 días» mediante una política de mano dura contra la delincuencia. En su historial público figuraba su labor en el sector construcción y financiero, además de una sentencia cumplida en el año 2004, cuyo delito no fue detallado en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este suceso ocurre en un momento de crisis institucional en Perú, donde el Congreso recientemente destituyó al presidente interino y la percepción de inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles críticos, convirtiendo a los actores políticos en blancos directos de las mafias que buscan mantener el control territorial.

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