Recientes acciones legales en Venezuela, impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro, han intensificado la presión sobre las empresas privadas, lo que podría llevarlas al cierre. La aprobación de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, que establece una «contribución especial» para los negocios privados, y un fallo judicial que permite a las alcaldías bloquear solicitudes de solvencia si no se pagan las tarifas de recolección de basura, han generado preocupación entre los expertos.

La nueva ley, sancionada por la Asamblea Nacional chavista, establece una contribución especial de hasta el 15% de los pagos totales a los trabajadores por parte de las empresas privadas. Además, otorga al Ejecutivo la facultad de determinar anualmente el porcentaje correspondiente de esta contribución especial según el tipo de actividad económica.

Por otro lado, el fallo del Tribunal Supremo de Justicia permite a las alcaldías bloquear solicitudes de solvencia si las empresas no pagan las altas tarifas de recolección de basura, que pueden alcanzar los 2.000 dólares mensuales.

Estas medidas legales han despertado preocupación por su impacto en el sector empresarial venezolano, especialmente en medio de la crisis económica y el clima electoral tenso. La nueva contribución fiscal aumenta la carga tributaria sobre las empresas, reduciendo sus ganancias y dificultando su funcionamiento en un entorno económico ya desafiante.

Expertos señalan que esta nueva contribución puede comprometer hasta el 60% de las ganancias de las empresas, sumándose a otros impuestos y contribuciones obligatorias. Además, algunos economistas consideran innecesaria esta ley, ya que tanto empleadores como trabajadores realizan contribuciones al seguro social, y argumentan que las leyes existentes no se cumplen adecuadamente.

Por otro lado, el fallo judicial sobre las tarifas de recolección de basura refuerza el alto costo de este servicio y otorga a las alcaldías una amplia potestad para bloquear solicitudes de solvencia de empresas y ciudadanos. Esto ha generado protestas entre los comerciantes, quienes consideran excesivas las tarifas y temen el cierre de sus negocios si no pueden pagarlas.

La situación también ha suscitado preocupaciones sobre posibles interpretaciones abusivas de la potestad otorgada a las alcaldías, lo que podría generar una grave situación de indefensión para la ciudadanía en general.