Unos 4000 oficiales de policía han sido movilizados hacia iglesias católicas en Nicaragua, una medida inusual que, según la investigadora Martha Patricia Molina, marca la primera vez que se observa una presencia tan generalizada de la policía en todas las parroquias del país.
Molina, basándose en el número de iglesias y capillas en Nicaragua y en los informes de agentes policiales, estimó la cantidad de oficiales destinados para controlar las actividades religiosas durante la Semana Santa 2024.

Este despliegue policial, que comenzó el Domingo de Ramos, ha sido descrito como una medida intimidatoria por parte de los feligreses, quienes han notado la presencia de oficiales tomando fotografías y videos de quienes participan en las celebraciones religiosas.
La presencia policial se intensificó en comparación con años anteriores, según Molina, quien destacó que, aunque en 2023 hubo presencia policial en eventos multitudinarios, nunca antes se había reportado una vigilancia tan generalizada en todas las parroquias.

Además de los agentes uniformados, se informa que incluso los antimotines y oficiales vestidos de civil han participado en este operativo de vigilancia en las iglesias católicas de Nicaragua.

La medida ha generado preocupación entre los feligreses, quienes consideran que esta presencia policial no solo es intimidante, sino también innecesaria, ya que los sacerdotes habían sido informados previamente sobre la autorización para sacar procesiones durante la Semana Santa.

Molina reveló que al menos 4800 procesiones han sido prohibidas, lo que ha llevado a algunas parroquias a limitar o cancelar completamente sus actividades religiosas programadas para la Semana Santa.

El despliegue masivo de oficiales de policía ha suscitado críticas sobre la efectividad de la institución en resolver problemas delincuenciales, especialmente considerando el aumento del personal policial en los últimos años.
A pesar del aumento en el número de oficiales de policía desde 2018, se ha observado una disminución en la efectividad policial, según estadísticas que muestran una caída en la resolución de denuncias y una reducción en la proporción de policías por cada centenar de denuncias.

Este despliegue policial inusual durante la Semana Santa ha planteado preguntas sobre las prioridades de seguridad del gobierno y ha generado preocupaciones sobre la libertad religiosa en Nicaragua.