Paraguay, entre la indignación y la esperanza

Por Francisca Segovia | desdenuevayork.online

En apenas cuatro días, el Paraguay vivió una de las semanas más intensas de su historia democrática. Un banco que se derrumbó, millones de ahorristas sin acceso a su dinero, un presidente que intentó renunciar y no se lo permitieron, un juicio político exprés, una destitución unánime y un nuevo presidente que juró en medio de la crisis. Todo ocurrió entre el martes 3 y el viernes 6 de noviembre. Y lo más admirable: el pueblo salió a las calles durante tres días y no hubo ni una gota de sangre.

El derrumbe de Ueno Bank

En la madrugada del martes 3 de noviembre, mientras la mayoría de los paraguayos dormía, el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

Ueno no era un banco cualquiera. Tenía cerca de tres millones de clientes y administraba unos 850 millones de dólares de fondos públicos. Solo el Instituto de Previsión Social tenía allí inversiones por unos 355 millones de dólares, poniendo en riesgo los fondos de nuestros jubilados.

El impacto fue inmediato. Jubilados, trabajadores, comerciantes, emprendedores y hasta futbolistas quedaron sin acceso a su dinero. Los importadores advirtieron una “semiparalización” del comercio, porque dos de cada tres operaciones electrónicas se hacían a través de cuentas de Ueno.

¿Dónde estaba el Banco Central?

La pregunta que todos nos hacemos es cómo se llegó hasta aquí. El banco intervenido no se derrumbó de un día para otro, y la supervisión de Ueno ya estaba bajo escrutinio desde hacía meses: varios senadores habían pedido la remoción de la cúpula del Banco Central tras rechazar un informe sobre la entidad que consideraron incompleto.

El mismo martes renunció el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, a pedido del propio Peña. Un detalle no menor: antes de dirigir el Banco Central desde 2023, Carvallo había presidido la Financiera Ueno, la firma que dio origen al banco intervenido.

Tras su salida, la investigación penal se abrió a partir de una denuncia presentada por el propio Banco Central. El ente regulador que debía vigilar terminó denunciando lo que no supo, o no quiso, detener a tiempo.

La Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos del banco, entre ellos su principal accionista, Miguel Vázquez, e informó que 27 personas fueron imputadas por presuntas irregularidades financieras cometidas entre 2025 y 2026. La denuncia luego se amplió e incluyó a Peña, a Carvallo, al exministro de Economía Carlos Fernández, al superintendente de Bancos y a varios directores del Banco Central.

El presidente que quiso renunciar

La crisis financiera se convirtió rápidamente en crisis política. Un grupo de diputados de la oposición y disidentes del oficialismo presentó un libelo acusatorio contra Peña y contra el vicepresidente Pedro Alliana. El propio Partido Colorado le pidió la renuncia al presidente.

El jueves 5, Peña presentó su renuncia. Pero el Congreso no la aceptó, y decidió avanzar con el juicio político. La diferencia no era un detalle técnico: según la Constitución, un presidente que renuncia conserva una banca vitalicia en el Senado con inmunidad parlamentaria. En cambio, un presidente destituido por juicio político queda expuesto a los procesos penales. El Congreso eligió el camino que no dejaba puertas de escape.

El juicio y la defensa

El viernes 6, Peña pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. El Senado la rechazó por 39 votos contra 3, y el juicio comenzó de inmediato.

Peña rechazó haber cometido algún ilícito, y había anunciado que se presentaría a defenderse. Pero finalmente no compareció: sus abogados se presentaron ante el Senado sin él. Antes de la votación, el todavía presidente difundió un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Los acusadores fueron duros. Una diputada le dijo en el pleno: “Destruiste la reputación del Banco Central”. El senador Rubén Velázquez afirmó que Peña fue accionista de Ueno Bank y que utilizó fondos públicos para beneficio personal.

La destitución

A las 18:51 del viernes 6 de noviembre, el Senado votó. Los 44 senadores presentes declararon culpable a Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, anunció que quedaba separado de pleno derecho del cargo de presidente de la República.

Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo destituido por juicio político, después de Fernando Lugo en 2012. Esa misma noche quedó bajo arresto domiciliario, y debe declarar este sábado ante la Fiscalía. También se entregó a la Justicia el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo.

Alliana, nuevo presidente

Esa misma noche, en una sesión solemne del Congreso, Pedro Alliana juró como presidente de la República para completar el período hasta agosto de 2028. Asumió con la promesa de compensar a los ahorristas.

Su llegada no está libre de cuestionamientos: él también había sido incluido en el libelo acusatorio, y la oposición lo consideraba cómplice de Peña, pero sus correligionarios lo salvaron del juicio político. Al nuevo presidente le tocará demostrar con hechos que su gobierno será distinto.

La devolución del dinero

En medio del caos, hay una noticia alentadora. El jueves 5 comenzó la devolución de los depósitos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 75 salarios mínimos por persona, unos 36.000 dólares. Hasta este sábado, cerca de 1,2 millones de clientes ya recibieron su dinero.

Es un alivio, pero no borra el daño. Para muchos trabajadores humildes, fueron días de angustia, de no poder comprar comida, de no saber si volverían a ver los ahorros de toda una vida. Ese trauma no se devuelve con una transferencia.

Un pueblo que dio una lección

Si hay algo de lo que los paraguayos podemos sentirnos orgullosos en esta semana tan oscura, es de nuestro propio pueblo. Durante tres días, miles de personas salieron a las calles de todo el país. Ahorristas, jubilados, trabajadores y jóvenes se movilizaron frente al Congreso, frente a la Fiscalía y frente a las sucursales del banco. Exigieron justicia, exigieron su dinero, exigieron respuestas.

Y lo hicieron sin derramar una sola gota de sangre. En una región donde las crisis políticas muchas veces terminan en violencia, el Paraguay demostró madurez democrática. Las instituciones funcionaron, y el pueblo hizo oír su voz en paz.

Lo que viene

Ahora es la hora de la Justicia. Los procesos deben llevarse adelante con transparencia, con todas las garantías y sin venganza. Cada responsable, sin importar su cargo ni su apellido, debe responder ante la ley. Y el Estado debe garantizar que hasta el último ahorrista recupere lo que le pertenece.

Pero también es la hora de una reflexión más profunda. Esta crisis no nació de la nada. Es el resultado de una corrupción que se infiltró en todos los niveles, de organismos de control que no controlaron, y de una cultura política donde los intereses privados se mezclaron peligrosamente con el poder público.

Desde Nueva York, los paraguayos en el exterior seguimos con dolor y con esperanza lo que pasa en nuestra tierra. Dolor por el daño causado a tantos compatriotas. Y esperanza porque, una vez más, nuestro pueblo demostró que sabe levantarse.

El Paraguay ha sobrevivido a guerras, a dictaduras y a crisis de todo tipo. Esta vez también lo hará. Pero solo si aprendemos la lección: sin instituciones honestas y sin ciudadanos vigilantes, ningún país está a salvo.

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