Varias organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de Paraguay han detallado los principales cuestionamientos al proyecto de ley promovido por Honor Colorado, que busca controlar el financiamiento de las oenegés bajo la premisa de “promover el control”. Las organizaciones argumentan que esta ley afectaría gravemente el derecho a la libertad de asociación y han solicitado un diálogo abierto y transparente con el gobierno.

En una conferencia de prensa realizada este sábado en el Gran Hotel del Paraguay, más de 70 oenegés, incluyendo la Federación Nacional Campesina, Hábitat para la Humanidad, Semillas para la Democracia y otras, expresaron su profunda preocupación por la propuesta legislativa. Según los representantes de estas organizaciones, la ley amenaza la existencia misma del sector sin fines de lucro en el país
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Las oenegés han destacado cuatro puntos críticos del proyecto de ley:

Violación de la Constitución y Convenios Internacionales: La propuesta legislativa contradice el artículo 36 de la Constitución Nacional, que protege la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada. Además, vulnera artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan la libertad de asociación.

Apropiación de Recursos Privados: El artículo nueve del proyecto de ley otorga al Estado la potestad de apropiarse de recursos privados de las organizaciones, que serían administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las oenegés sostienen que este inciso infringe su autonomía e independencia.

Medidas Punitivas Desproporcionadas: La iniciativa contempla sanciones desproporcionadas para personas físicas y jurídicas vinculadas a las oenegés, incluyendo multas de hasta mil salarios mínimos, suspensiones e incluso disolución de organizaciones, sin un debido proceso ni garantías legales.

Excesivo Control Estatal a través de un Registro Nacional: La creación de un registro nacional de organizaciones civiles impone requisitos de información excesivos y onerosos, que según las oenegés, dificultarían la gestión y acceso al financiamiento. Actualmente, las organizaciones ya cumplen con más de 10 obligaciones al Estado y varios registros.

Las oenegés instan a los parlamentarios a llevar a cabo un diálogo abierto y transparente con el sector para construir un marco regulatorio que promueva un control efectivo sin vulnerar derechos fundamentales ni obstaculizar su trabajo.

“Exigimos la revisión exhaustiva del proyecto de ley para eliminar las disposiciones que vulneran derechos fundamentales y obstaculizan el trabajo del sector civil”, señalaron en un comunicado conjunto.