Desde 2021, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha abierto las puertas del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino a vuelos chárter cargados de migrantes de países como Surinam, Libia, Marruecos, Uzbekistán, India y Tayikistán. En el periodo de mayo de 2023 a mayo de 2024, más de 1.000 vuelos arribaron a Managua con migrantes de diversas nacionalidades, según datos de El Diálogo Interamericano. Este flujo ha incluido, además, a migrantes de Cuba, República Dominicana, El Salvador, Curazao y Haití.

El régimen sandinista ha encontrado un lucrativo negocio en este trasiego de migrantes, mediante impuestos y cobros extraoficiales, lo que ha llamado la atención y preocupación de Estados Unidos. En respuesta, el Departamento de Estado lanzó una política de restricción de visas en noviembre de 2023 contra propietarios y ejecutivos de compañías que operan estos vuelos chárter. Las restricciones se ampliaron en febrero de 2024 para incluir el transporte marítimo y terrestre.

En junio de 2023, las autoridades estadounidenses capturaron a ocho presuntos terroristas originarios de Tayikistán, vinculados con el Estado Islámico (ISIS), que ingresaron a EE.UU. por la frontera sur. Esto resaltó las preocupaciones sobre la seguridad nacional, especialmente debido a la falta de control en Nicaragua sobre las llegadas.

Manuel Orozco, experto en migración, ha rastreado 1.150 vuelos chárter y pseudo comerciales entre mayo de 2023 y mayo de 2024, con un promedio de 200 pasajeros por vuelo, lo que implica alrededor de 200.000 personas en ese período. Ejemplos incluyen vuelos desde Trípoli operados por Ghadames Air y un avión retenido en Francia procedente de Dubái con destino final en Managua.

Las llegadas de migrantes se reflejan también en el incremento del flujo hacia la frontera sur de Estados Unidos. Honduras reportó la entrada de 373 ciudadanos de Tayikistán en 2023 a través de la frontera nicaragüense, y otros 73 entre enero y mayo de 2024. En Nicaragua, se ha registrado un déficit de 80.000 personas que no regresan por vía aérea, indicando un tránsito masivo de migrantes.

Analistas políticos y el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, sostienen que el régimen de Ortega-Murillo es parte de una red internacional de tráfico de personas. McFields ha señalado la falta de sellado de pasaportes y el cobro en efectivo a migrantes como indicativos de esta operación.

El investigador Orozco plantea que el régimen de Ortega busca provocar a Estados Unidos aumentando la carga administrativa de migrantes en su frontera sur, lo cual se agrava en un año electoral en EE.UU. Las investigaciones estadounidenses buscan determinar la complicidad del régimen nicaragüense en este tráfico de personas.

El negocio de este trasiego es lucrativo para el régimen, que cobra entre 150 y 200 dólares a cada migrante irregular al ingresar al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, sin dejar constancia de los pagos. Este cobro ha generado ingresos significativos para la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), representando el 64.3% de sus ingresos en 2023.

En conclusión, Managua se ha convertido en una puerta de entrada clave para la migración irregular hacia Estados Unidos, facilitada por el régimen de Ortega y Murillo, que encuentra en esto una fuente de ingresos, mientras desafía las restricciones y preocupaciones de seguridad de Estados Unidos.