La política migratoria de Sánchez enfrenta nuevas críticas de líderes europeos
Dirigentes de Dinamarca, Austria y República Checa cuestionaron la regularización española antes del debate migratorio del Consejo Europeo. Las críticas coinciden con un acuerdo entre Madrid y Roma para retirar controles fronterizos y con diferencias sobre la financiación de centros de deportación fuera de la UE.
Varios líderes europeos partidarios de endurecer la política migratoria criticaron la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los cuestionamientos surgieron en una reunión de coordinación previa a la segunda jornada del Consejo Europeo, según fuentes diplomáticas que describieron el tono del encuentro como duro.
En el grupo participan las primeras ministras de Italia y Dinamarca, junto con dirigentes de países como Austria y Suecia. Sánchez no estuvo presente en esa reunión y, al momento de publicarse la información, el debate migratorio del Consejo Europeo todavía no se había celebrado.
Dinamarca pide a la Comisión examinar la decisión española
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, trasladó sus críticas al espacio público. A su llegada al Consejo Europeo, afirmó que había pedido a la Comisión estudiar qué ocurre cuando un Estado adopta una orientación contraria a la que, según ella, respalda la mayoría de los socios.
Frederiksen cuestionó que personas que ingresaron irregularmente puedan obtener autorización para permanecer. Aunque comparte con Sánchez la familia política del Partido de los Socialistas Europeos, mantiene una posición más restrictiva en materia migratoria.
Babis introduce una acusación sobre supuestos fines electorales
El primer ministro checo, Andrej Babis, fue más allá y acusó a algunos políticos de buscar una sustitución de población por migrantes para mantenerse en el Gobierno. Su declaración reprodujo una teoría conspirativa sobre los objetivos de la regularización española.
El texto no aporta pruebas de esa supuesta intención electoral y señala una distinción central: el derecho a votar en las elecciones generales depende de la nacionalidad, no de contar con residencia legal. Por tanto, regularizar la situación de una persona no le concede automáticamente ese derecho.
Austria cuestiona la señal enviada por España
El canciller austriaco, Christian Stocker, sostuvo que la regularización transmite una señal negativa mientras otros gobiernos intentan combatir la inmigración irregular. También planteó si podría existir una relación con el episodio de entradas masivas registrado en Ceuta.
Sin embargo, el propio Stocker reconoció que no sabía si había una conexión directa. Sus declaraciones expresan una hipótesis política, no una relación causal demostrada entre la medida española y lo ocurrido en la frontera.
España e Italia pactan retirar los controles
Las críticas coinciden con un acercamiento entre Madrid y Roma después de las tensiones por Ceuta. Ambos gobiernos acordaron eliminar durante esta semana los controles fronterizos introducidos entre los dos países, según la información publicada.
Fuentes de Moncloa indicaron que el pacto se cerró el jueves directamente entre Giorgia Meloni y Pedro Sánchez. El acuerdo permite avanzar en ese conflicto bilateral, aunque no elimina las diferencias sobre el rumbo de la política migratoria europea.
La regularización sigue siendo competencia nacional
El texto recuerda que la regularización corresponde a cada Estado miembro, pese a las críticas que puede generar entre sus socios. El comisario de Interior, Magnus Brunner, también ha cuestionado la decisión del Ejecutivo español.
Una segunda fuente diplomática no pudo confirmar el contenido concreto de la reunión, aunque reconoció que algunos dirigentes dan prioridad a los posibles efectos llamada. Esa diferencia entre fuentes limita la confirmación de lo discutido a puerta cerrada, mientras las declaraciones públicas sí muestran el desacuerdo.
Los centros de deportación mantienen otra disputa abierta
El grupo de gobiernos más restrictivos lleva años coordinándose para endurecer la política migratoria de la Unión Europea. Entre sus propuestas figura la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, una idea adoptada por los Veintisiete, según la publicación.
Ahora, una de sus principales exigencias es que esos centros reciban financiación europea, algo que el Gobierno español rechaza. El debate enfrenta así tanto las decisiones nacionales de regularización como el uso de recursos comunes para ejecutar las políticas migratorias.
Fuente: ElConfidencial
