El Consejo de Ministros de España ha aprobado la tramitación de un nuevo contrato para deportar a extranjeros en avión, con un costo presupuestado de 16,3 millones de euros.

Bajo el nombre de «servicios de transporte aéreo de personas en vuelos no comerciales», el Ministerio del Interior se prepara para licitar este nuevo contrato, que incluirá vuelos dentro del territorio nacional para trasladar a inmigrantes bajo custodia de las autoridades y vuelos de expulsión a sus países de origen.

Los vuelos contratados abarcarán dos tipos principales. En primer lugar, se realizarán viajes dentro de España para trasladar a ciudadanos extranjeros bajo custodia a Centros de Internamiento o para transferirlos entre dichos centros. En segundo lugar, se llevarán a cabo vuelos para deportar a ciudadanos extranjeros que tengan órdenes de expulsión del país.

Estas expulsiones se realizan de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, que contempla la deportación de extranjeros que hayan cometido infracciones graves o delitos, tras un proceso administrativo y una resolución motivada.

El Ministerio del Interior no suele proporcionar información detallada sobre estos vuelos por razones de seguridad, y las aerolíneas adjudicatarias están obligadas a mantener la confidencialidad sobre los detalles del operativo. Además, el Ministerio exige que toda la tripulación y el personal involucrado se sometan a formación para mantener la reserva y confidencialidad necesarias.

Las cifras de expulsiones y devoluciones de extranjeros han disminuido en los últimos años, en parte debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de esto, el gobierno español continúa con los procedimientos de deportación, aunque no desglosa las cifras por nacionalidades por temor a complicar las relaciones exteriores.