La Corte Suprema frena el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones exprés
El 16 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que impide al gobierno de Donald Trump continuar con las deportaciones de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley, concebida en tiempos de guerra, fue invocada por la administración Trump para expulsar rápidamente a presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Sin embargo, el alto tribunal determinó que los migrantes deben recibir notificaciones adecuadas y contar con tiempo suficiente para impugnar legalmente su deportación, garantizando así su derecho al debido proceso.
Una ley de tiempos de guerra en el centro del debate migratorio
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, otorga al presidente la facultad de detener y deportar a ciudadanos de naciones enemigas durante conflictos armados. Históricamente, esta ley ha sido aplicada en contadas ocasiones, como durante las Guerras Mundiales. La administración Trump la utilizó para deportar a más de 200 venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, sin proporcionar pruebas concluyentes ni permitirles defenderse adecuadamente.
Críticas por violaciones al debido proceso y derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las deportaciones se realizaron sin respetar los derechos fundamentales de los migrantes. Muchos fueron identificados como miembros del Tren de Aragua basándose únicamente en tatuajes o características físicas, sin evidencia concreta. Además, se les negó acceso a representación legal y se les deportó sin previo aviso. Algunos fueron enviados a prisiones en El Salvador, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido por sus condiciones severas.
Reacciones políticas y futuras implicaciones legales
El fallo de la Corte Suprema representa un revés significativo para la política migratoria de Trump. Mientras que los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su desacuerdo, la mayoría del tribunal enfatizó la necesidad de proteger los derechos constitucionales de todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio. El caso ahora regresa al Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans para una revisión más profunda sobre la legalidad del uso de esta ley en el contexto actual
Fuentes consultadas:
