Finca 66: Contrato millonario, mensura judicial irregular y posibles coimas en Ciudad del Este

Contrato millonario otorgado a consultora privada

El 19 de mayo de 2021, el entonces intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, firmó un contrato por G. 2.673 millones con la empresa GeoCad Consultoría, Topografía y Ambiental, representada por el ingeniero Jorge Daniel Quintana. El objetivo era realizar una mensura judicial y actualizar el catastro de la finca 29295, conocida como Finca 66, ubicada en la capital de Alto Paraná.

Pese a contar con cuatro agrimensores y 40 abogados contratados por la comuna, Prieto decidió externalizar el trabajo, lo que fue calificado por la Contraloría Ciudadana como una simulación contractual.

Pagos inflados y sin respaldo legal

La denuncia detalla una larga lista de partidas millonarias sin justificación real:

  • G. 267.300.000 aparecen como pago por la constitución del juez en el terreno. Sin embargo, el magistrado interviniente negó haber recibido dicho monto, y no existe factura del supuesto desembolso. La tarifa legal para ese trámite ronda apenas diez jornales mínimos.
  • Otra partida de G. 267.300.000 se asignó al estudio de antecedentes del título de propiedad de la finca, cuando, según la ley de aranceles de escribanos, ese servicio debería costar apenas G. 5.381.350.
  • Para la publicación de edictos, también se pagó G. 267.300.000, pero el único gasto documentado fue una factura de G. 585.000 emitida por el diario ABC Color.
  • Además, la empresa cobró la misma suma por el “acompañamiento” de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Servicio Nacional de Catastro. Sin embargo, según lo establecido, el MOPC no cobra por ese tipo de gestiones, y Catastro solo exige un arancel de G. 25.000.

Diferencias catastrales y posible despojo de tierras municipales

Un aspecto especialmente grave es la diferencia de hasta 100 hectáreas entre la mensura realizada por GeoCad y lo que establece la Ley 35/90, lo que podría favorecer a sectores privados en perjuicio de la Municipalidad. Profesionales denuncian que esta alteración dejaría fuera a más de 3.000 familias humildes, en un posible despojo sistemático para beneficiar a inmobiliarias que buscan apropiarse de tierras públicas.

Ocultamiento del informe final

Según reportes recientes, la mensura fue concluida y entregada al Poder Judicial, aunque el intendente Prieto no difundió los resultados ni los presentó públicamente, incluso meses después del cierre técnico del trabajo. El informe final habría sido ocultado deliberadamente hasta después de las elecciones municipales de 2025.

El caso de la Finca 66 evidencia una serie de maniobras administrativas y financieras que, según los denunciantes, constituyen un esquema de corrupción: sobreprecios, contratos innecesarios, pagos no justificados, y perjuicio directo a familias vulnerables. Las autoridades nacionales están llamadas a investigar a fondo este proceso que involucra fondos públicos y derechos ciudadanos.

Esta nota fue elaborada en base a la denuncia pública realizada por Samir Sánchez en su cuenta personal de Facebook el día 31 de julio de 2025.

Fuentes consultadas
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