La Corte Suprema de Michigan ha fallado unánimemente a favor de un gobierno local en una disputa sobre el uso de un dron para tomar fotografías de un depósito de salvamento rural sin el permiso de los propietarios. Este caso, seguido de cerca tanto por grupos liberales como conservadores, ha generado debates sobre los límites de la privacidad y la legalidad de la recolección de pruebas aéreas sin consentimiento.

Todd y Heather Maxon argumentaron que las fotografías aéreas violaban su derecho a la privacidad y constituían registros irrazonables. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que la lucha contra el exceso de basura en la propiedad era una cuestión civil, no penal, y que, por lo tanto, la regla de exclusión no se aplicaba en este caso.

El tribunal enfatizó que sin las fotografías y vídeos recopilados por el dron, el municipio tendría dificultades para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas locales de zonificación y molestias en la propiedad de los Maxon, densamente boscosa y presuntamente utilizada como depósito de salvamento.

El municipio del norte de Michigan había enviado un dron sobre la propiedad de los Maxon en respuesta a quejas de vecinos sobre el almacenamiento excesivo de automóviles y otros artículos. El tribunal respaldó la actuación del municipio, afirmando que buscaba hacer cumplir acuerdos previos y mantener la integridad de la zona.

Mientras tanto, organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Michigan y el Centro Mackinac para Políticas Públicas apoyaron a los Maxon en este caso, mientras que la Asociación de Municipios de Michigan y la Liga Municipal de Michigan respaldaron al municipio en su derecho a utilizar drones para hacer cumplir la ley y las ordenanzas locales.