El viernes, el Gobierno del presidente Joe Biden dio pasos para rescindir un acuerdo que ha regido las condiciones de los menores inmigrantes bajo custodia del gobierno durante décadas, según documentos judiciales. Se argumenta que el acuerdo, conocido como el acuerdo Flores de 1997, debía ser temporal.

El acuerdo Flores, establecido en 1997, requiere que el gobierno entregue a los menores bajo custodia gubernamental a patrocinadores, como padres o familiares adultos, sin demoras innecesarias, y dicta las condiciones en las que se les retiene mientras tanto. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es responsable del cuidado de estos menores no acompañados.

El Gobierno de Biden había expresado previamente su intención de poner fin al acuerdo Flores, proponiendo en su lugar un reglamento federal que afirma «implementa fielmente» los requisitos detallados en el acuerdo y proporciona protecciones adicionales, adaptándose a «circunstancias cambiantes imprevistas desde 1997». Este reglamento fue publicado a finales de abril.

La presentación judicial del viernes argumenta que «por sus propios términos, el FSA debía ser temporal», y que se anticipa que la norma federal «guiará sus operaciones y proporcionará las protecciones necesarias a los niños no acompañados en los próximos años», según la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una agencia dentro del HHS.

Sin embargo, los abogados de inmigración han expresado preocupación por la falta de supervisión externa si se rescinde el acuerdo Flores. Neha Desai, directora sénior de inmigración en el Centro Nacional para la Ley de la Juventud, señaló que «si el gobierno ganara su moción, el HHS dejaría de estar obligado por el acuerdo Flores», lo que limitaría las acciones legales para garantizar los derechos de los niños bajo custodia del HHS.