Drones, traslados forzosos y deportaciones: así trata Rusia de expulsar de sus casas a los ucranios

Drones, traslados forzosos y deportaciones: así trata Rusia de expulsar de sus casas a los ucranios

Una reciente investigación de la Independent International Commission of Inquiry on Ukraine (IICIU) de la United Nations (ONU) acusa a Moscú de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por atacar sistemáticamente a la población civil en tres provincias ucranias, utilizando drones, traslados forzosos de población y deportaciones de niños.

1. Qué revela la investigación

La comisión de la ONU ha documentado que las autoridades rusas han orquestado acciones coordinadas para expulsar de sus hogares a civiles ucranios, mediante:

Ataques con drones que persiguen, localizan y golpean a personas que intentan huir o que se encuentran fuera de los refugios.
Traslados forzosos de población desde territorios ocupados hacia la Federación Rusa o hacia otras zonas controladas por Rusia, lo cual viola el derecho internacional humanitario.
Deportaciones sistemáticas de niños ucranios —separados de sus familias, trasladados fuera, adoptados o inscritos en bases de datos rusas— con el fin de borrar su identidad ucraniana.
Constatación de que estas prácticas constituyen “crimen contra la humanidad” de traslado forzoso de población.

La comisión refiere que estas prácticas no son incidentes aislados, sino parte de una política coordinada que apunta a vaciar zonas de civiles, hacerlas inhabitables y, en algunos casos, reasentar o cambiar su filiación.

2. Zonas, víctimas y modus operandi

Zonas afectadas

Las acciones han sido documentadas principalmente en las regiones del sur de Ucrania, incluyendo las zonas al otro lado del río Dniéper (Dnieper) que están bajo control de Rusia o que se hallan cerca del frente.

Víctimas

Civiles que vivían cerca del frente de combate o en territorios ocupados, incluyendo ancianos, familias, personas con discapacidad.
Niños ucranios, especialmente huérfanos o que estaban sin protección familiar, que fueron separados, trasladados, adoptados o inscritos como ciudadanos rusos.
Personas que intentaban huir del frente o la ocupación, muchos de los cuales fueron interceptados, “filtrados” y obligados a desplazarse o deportarse.

Modus operandi

Uso de drones con cámara o armamento desde la orilla derecha del Dniéper hacia la zona ucraniana para rastrear, hostigar y atacar a civiles que tratan de moverse o refugiarse.
“Filtración” de población: los rusos o fuerzas afines realizan controles de seguridad, toma de datos personales, interrogatorios, antes de decidir sobre su traslado.
Deportaciones: traslado de personas desde Ucrania hacia Rusia o hacia territorios rusos ocupados, violando la Convención de Ginebra y el derecho humanitario internacional.
Cambio de identidad o nacionalidad: imposición de ciudadanía rusa, adopciones forzadas de niños ucranios, escolarización en sistemas rusos para borrar su identidad original.

3. Marcos legales y calificativos internacionales

Derecho internacional aplicable

El derecho humanitario internacional prohíbe que una potencia ocupante deportase o traslade a su propia población o a la de la potencia ocupada sin consentimiento.
La cuarta Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma del International Criminal Court (CPI) detallan que el traslado forzoso de población civil puede constituir un crimen de guerra y, en ciertas situaciones, crimen de lesa humanidad.

Cuál es la calificación

La investigación de la ONU concluye que algunas de estas acciones por parte de Rusia constituyen crímenes contra la humanidad, en particular el traslado forzoso de población civil.
En el caso de menores, los informes los califican también como crímenes de guerra, y la deportación de niños ha sido denunciada como “violación del derecho internacional de los derechos del niño”.

Responsabilidad

Los informes señalan que estas políticas están adoptadas al más alto nivel del Estado ruso, con una actuación coordinada de unidades militares, de drones, de transporte y de autoridades civiles, lo que refuerza el carácter sistemático de las violaciones.

4. Contexto y antecedentes

Aunque los titulares más recientes se refieren a la investigación de 2025, el contexto viene de lejos:

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, se ha registrado un masivo desplazamiento de civiles: millones se han visto obligados a huir dentro de Ucrania o al extranjero.
Organismos como Amnesty International y Human Rights Watch ya documentaron en 2022 la transferencia forzosa de civiles ucranios a Rusia como “crimen de guerra potencial”.
El parlamento europeo y otros cuerpos internacionales han condenado estas prácticas y han exigido la repatriación de menores ucranios deportados.

5. Importancia para Paraguay / América Latina

Aunque el conflicto se desarrolla en Europa del Este, tiene implicaciones globales que también interesan en Paraguay y América Latina:

Marca un precedente sobre cómo se manejan los conflictos armados modernos: drones, traslados forzosos, manipulación de identidad; la comunidad internacional lo sigue de cerca.
Reafirma el principio de protección de civiles en conflictos, algo aplicable también en América Latina donde existen conflictos internos y desplazamientos forzados.
Puede incidir en los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, lo que afecta la geopolítica, sanciones, cadenas de suministro, derechos humanos globales, y por tanto también las relaciones entre países latinoamericanos con los actores europeos o rusos.
Promueve el debate sobre la soberanía, el respeto al derecho internacional y la protección de la población civil, que son valores también presentes en las políticas de Estado en América Latina.

6. ¿Qué falta? Retos y vacíos pendientes

Aún no hay cifras oficiales completas y verificadas de cuántas personas han sido forzadamente desplazadas o deportadas, ni cuántos niños siguen fuera de Ucrania.
El acceso de organismos internacionales (como el International Committee of the Red Cross, la Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights —OHCHR) a todos los lugares ocupados y a los niños trasladados sigue siendo limitado.
La repatriación de los menores ucranios, y la recuperación de las identidades y enlaces familiares perdidos, es un desafío mayor que puede durar años.
La rendición de cuentas real —que los responsables rindan cuentas ante tribunales internacionales— todavía enfrenta obstáculos enormes: reconocimiento, cooperación de Rusia, jurisdicción internacional.

El reporte de la ONU muestra que lo que en apariencia podía verse como incidentes de guerra son en realidad parte de una estrategia deliberada: usar drones, traslados forzosos, filtraciones poblacionales y deportaciones para vaciar zonas, desplazar civiles y alterar la composición demográfica y cultural de los territorios ocupados. Esto no sólo constituye violación del derecho internacional humanitario, sino que en muchos casos un crimen contra la humanidad.

El análisis pone de relieve que la población civil ucrania no es un daño colateral, sino un blanco deliberado. Los efectos humanitarios, culturales y demográficos son profundos y duraderos. Para Paraguay y América Latina, aunque distante, el mensaje es claro: la protección de civiles, el respeto al derecho internacional en conflictos, y la vigilancia de las violaciones sistemáticas es un asunto global.