La gestión del intendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, está en el ojo del huracán tras detectarse desvío de fondos, retrasos en obras públicas y problemas financieros. Concejales y sectores de la oposición exigen su destitución, mientras la intervención municipal busca esclarecer irregularidades y garantizar la transparencia en la administración de la ciudad.
El Senado de Paraguay aprobó un pedido de informe al Ejecutivo para conocer los detalles del acuerdo firmado con Estados Unidos, que designa al país como «tercer país seguro» para solicitantes de asilo. El objetivo es obtener información sobre criterios de selección, mecanismos de aceptación y previsiones financieras. El presidente Santiago Peña aclaró que Paraguay no está obligado a otorgar asilo ni asumir gastos adicionales. Diversos sectores y organizaciones de derechos humanos exigen garantías y transparencia en la implementación del acuerdo.
El informe final de la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este reveló graves irregularidades financieras y administrativas: uso indebido de fondos, recaudación paralela, manipulación de estados contables y transferencias sin respaldo. Tras el análisis en la Cámara de Diputados, el intendente Miguel Prieto fue destituido por mayoría, marcando un episodio clave en la política local.
La Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para el 19 de agosto con el fin de analizar el informe final de la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este. El documento de más de 200 páginas señala presuntas irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto, entre ellas inconsistencias financieras, desvío de fondos y transferencias sin respaldo. La comisión especial emitirá un dictamen previo al debate en el pleno.
La Policía Nacional desmintió las afirmaciones del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sobre supuestos suministros de combustible a la institución.
El presidente del movimiento Yo Creo, Fran Arrúa, y el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, están implicados en un esquema de corrupción que involucra cheques millonarios a comisiones ficticias. Según el informe final del interventor Ramón Ramírez, el perjuicio patrimonial supera los 50.000 millones de guaraníes.
