El decreto presidencial de Santiago Peña genera una fuerte controversia jurídica al habilitar a las Fuerzas Armadas para operar contra el crimen organizado en toda la Región Oriental.
El reciente decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, ha desatado una ola de críticas por parte de destacados juristas y constitucionalistas. La medida autoriza el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en toda la Región Oriental, bajo el argumento de combatir el avance de grupos criminales transnacionales y células terroristas. Sin embargo, para los expertos, esta decisión no solo excede las facultades del Ejecutivo, sino que constituye una violación directa de los preceptos constitucionales.
El conflicto con el Artículo 173 de la Constitución
El exministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, ha sido tajante al señalar que la misión de las Fuerzas Armadas está estrictamente delimitada por el Artículo 173 de la Constitución Nacional. Según este texto, los militares tienen dos funciones primordiales: custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas.
Lezcano Claude explica que el involucramiento en seguridad interna solo es admisible bajo un «Estado de Excepción» (Artículo 288), situación que requiere de una grave conmoción interior que ponga en peligro el funcionamiento de los órganos del Estado. Al no existir tal declaración formal ni las condiciones extremas que la justifiquen, el uso de militares para tareas policiales carece de sustento legal.
Mal desempeño y causales de juicio político
Por su parte, el abogado y exsenador Hugo Estigarribia sostiene que el presidente Peña está incurriendo en un «mal desempeño de funciones», lo cual es una causal constitucional para un juicio político. Estigarribia argumenta que el rol de la seguridad interna corresponde exclusivamente a la Policía Nacional y que no se pueden ampliar las atribuciones de las Fuerzas Armadas mediante un decreto ni siquiera por una ley ordinaria, ya que esto requeriría una reforma constitucional.
El experto subrayó que el juramento presidencial incluye la promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que este decreto representaría un abuso de poder y un desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Cooperación internacional y el factor geopolítico
Coincidiendo con la firma del decreto, el mandatario mantuvo una reunión estratégica con Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, en la sede del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en Concepción. Este encuentro resalta la estrecha colaboración bilateral en materia de seguridad, especialmente tras la ratificación del Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA), que otorga inmunidades diplomáticas a militares estadounidenses en territorio paraguayo.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una necesidad imperante para «no retroceder ante el crimen organizado», los críticos advierten que la solución a la insurgencia y la criminalidad no debe ser la militarización, sino la inversión en políticas sociales que reviertan las condiciones de pobreza en las zonas más vulnerables del país.
Fuentes
- Última Hora: Militarización viola la Constitución y es mal desempeño, alertan expertos
- ABC Color: Peña ordena que militares operen en seguridad interna en la Región Oriental
- La Nación (Paraguay): Gobierno ratifica lucha contra el crimen organizado mediante decreto de defensa interna
- Constitución de la República del Paraguay: Texto completo del Artículo 173 y 288
- Swissinfo/EFE: Peña extiende operaciones militares contra el crimen organizado en Paraguay
