Defensa de Santiago Peña desafía las acusaciones del Congreso y niega vínculos con las irregularidades de Ueno Bank
Ricardo Preda, abogado del presidente de la República, sostuvo ante el Senado que el juicio político se fundamenta en indicios y no en pruebas concretas. Durante su exposición, defendió la actuación del Banco Central del Paraguay, cuestionó los señalamientos sobre conflictos de intereses y recordó que los propios senadores aprobaron la designación de Carlos Carvallo como titular de la institución monetaria.
La defensa del presidente Santiago Peña presentó este viernes 6 de noviembre sus argumentos ante la Cámara de Senadores, en el marco del juicio político impulsado contra el mandatario por la crisis de Ueno Bank.
El abogado Ricardo Preda, quien integra el equipo jurídico presidencial junto con Adolfo Ferreiro, rechazó los principales cuestionamientos contenidos en el libelo acusatorio aprobado por la Cámara de Diputados.
Durante su intervención, sostuvo que los legisladores no presentaron pruebas suficientes para demostrar una participación directa del jefe de Estado en las presuntas irregularidades financieras investigadas por el Ministerio Público.
También cuestionó la atribución de responsabilidades políticas al mandatario por decisiones adoptadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y por designaciones institucionales que contaron con la aprobación del propio Congreso Nacional.
Preda sostiene que las acusaciones se apoyan únicamente en indicios
Uno de los principales argumentos expuestos por la defensa presidencial fue la supuesta ausencia de pruebas concretas que permitan relacionar personalmente a Santiago Peña con las operaciones investigadas.
Preda afirmó que el propio documento acusatorio reconoce la existencia de indicios, pero que estos no serían suficientes para justificar una destitución presidencial.
El abogado argumentó que las sospechas deben ser investigadas por los organismos competentes, entre ellos el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
Según su interpretación, los legisladores acusadores tienen la responsabilidad de demostrar hechos específicos que permitan sostener las imputaciones políticas formuladas contra el mandatario.
Su planteamiento buscó diferenciar las investigaciones penales relacionadas con Ueno Bank de la responsabilidad política que el Congreso pretende atribuir al presidente.
Cabe señalar que estas afirmaciones corresponden a la posición de la defensa y no constituyen una determinación judicial sobre la suficiencia de las pruebas.
La investigación fiscal y los 27 imputados
Durante su exposición, Ricardo Preda presentó documentación correspondiente a la causa penal 89-2026, iniciada a partir de una denuncia del Banco Central del Paraguay.
El expediente registra 27 personas imputadas por el Ministerio Público, entre ellas directivos de Ueno Bank y personas relacionadas con otras empresas investigadas.
El abogado destacó que la investigación derivó en detenciones de directivos y medidas cautelares sobre bienes de los involucrados.
A partir de estos antecedentes, defendió la actuación del organismo regulador y sostuvo que las medidas adoptadas contradicen la hipótesis de una supuesta protección institucional hacia la entidad bancaria.
Según Preda, fue precisamente el Banco Central el que identificó las irregularidades y promovió la intervención de las autoridades encargadas de la investigación penal.
La defensa afirma que Peña dejó de ser accionista en abril de 2025
Otro de los puntos centrales de la exposición fue la relación accionaria que Santiago Peña mantuvo anteriormente con la entidad financiera.
Preda aseguró que el mandatario vendió su participación en abril de 2025 y que, desde entonces, dejó de tener intereses accionarios en el banco.
Según el abogado, los hechos investigados por la Fiscalía corresponden a un periodo posterior a esa desvinculación.
En su exposición, afirmó que las operaciones que habrían provocado el deterioro financiero de Ueno Bank se desarrollaron entre dos y 14 meses después de que Peña dejara de ser accionista.
También sostuvo que no existen personas imputadas por hechos anteriores a la fecha señalada.
Con esta argumentación, la defensa intentó establecer una separación temporal entre la participación accionaria del presidente y las presuntas maniobras investigadas.
Sin embargo, la cronología presentada constituye un argumento de la defensa y no resuelve por sí misma los cuestionamientos sobre posibles responsabilidades políticas o conflictos de intereses.
El Banco Central habría detectado operaciones destinadas a ocultar información
Ricardo Preda también rechazó los señalamientos que sugieren una supuesta complicidad entre las autoridades del Banco Central y los responsables de las operaciones irregulares de Ueno Bank.
El abogado sostuvo que los investigados habrían utilizado mecanismos destinados a ocultar información del organismo supervisor.
Entre las maniobras mencionadas durante su exposición figuran presuntas simulaciones de desvinculación empresarial y operaciones de venta de carteras destinadas a disimular problemas financieros.
Según su razonamiento, si el Banco Central hubiera actuado en beneficio del grupo investigado, sus integrantes no habrían necesitado desarrollar mecanismos para ocultar las operaciones.
Preda afirmó que los hallazgos identificados por el regulador fueron los que dieron origen a la denuncia penal y a las posteriores imputaciones.
Esta interpretación fue presentada como parte de la defensa del mandatario frente a las acusaciones de una presunta influencia indebida sobre las instituciones encargadas de supervisar el sistema financiero.
Cuestionamientos sobre el supuesto conflicto de intereses
El abogado también abordó las acusaciones relacionadas con posibles conflictos de intereses entre el ejercicio de la Presidencia de la República y las vinculaciones empresariales del mandatario.
Preda sostuvo que, para atribuir una responsabilidad concreta, resulta necesario identificar las decisiones adoptadas por Peña, su intervención personal y los eventuales beneficios indebidos que hubiera obtenido.
Según manifestó, el libelo acusatorio no señala un expediente, resolución o acto específico firmado por el presidente para favorecer a Ueno Bank.
El defensor cuestionó que las acusaciones se fundamenten en relaciones institucionales o antecedentes empresariales sin identificar, a su juicio, actuaciones presidenciales concretas.
El debate sobre los conflictos de intereses constituye uno de los aspectos relevantes del juicio político, aunque la valoración de los hechos corresponde finalmente al Senado en su función de tribunal de enjuiciamiento.
La designación de Carlos Carvallo genera un enfrentamiento de argumentos
Uno de los momentos centrales de la exposición estuvo relacionado con el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay.
Preda cuestionó que los legisladores responsabilicen exclusivamente a Santiago Peña por una designación que, conforme al procedimiento institucional, requiere la participación del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado.
El abogado recordó que la propuesta presidencial fue sometida a consideración de la Cámara Alta y recibió el respaldo de sus 45 integrantes.
A partir de este antecedente, argumentó que los propios senadores participaron en el procedimiento que permitió la designación de Carvallo.
Su planteamiento buscó cuestionar la coherencia de atribuir al mandatario una responsabilidad exclusiva por una decisión institucional en la que intervino el Congreso.
No obstante, la participación del Senado en el nombramiento no elimina automáticamente las responsabilidades que pudieran corresponder al Poder Ejecutivo. Ese aspecto forma parte del debate político y jurídico planteado durante el proceso.
Preda recuerda antecedentes de autoridades bancarias
Como parte de su defensa, Ricardo Preda mencionó el caso de José Cantero Sienra, quien presidió el Banco Central durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
El abogado recordó que Cantero había ocupado anteriormente el cargo de gerente general de Interfisa, una entidad del sector financiero privado.
Con esta referencia, buscó demostrar que la experiencia profesional previa en instituciones financieras privadas no constituye, por sí sola, una prueba de conflicto de intereses o de actuación irregular.
La defensa utilizó este antecedente para cuestionar los argumentos relacionados con las denominadas puertas giratorias, expresión utilizada para describir el tránsito de profesionales entre cargos del sector privado y funciones públicas.
La modificación de la ley de conflicto de intereses también fue cuestionada
Preda rechazó que las modificaciones a la legislación sobre conflictos de intereses puedan utilizarse como evidencia de un supuesto mal desempeño presidencial.
Según explicó, la iniciativa legislativa tuvo origen parlamentario y fue debatida y sancionada por el Congreso Nacional.
El abogado argumentó que no resulta coherente presentar una ley aprobada por el propio Poder Legislativo como prueba automática de una supuesta intervención irregular del presidente.
Con esta postura, buscó trasladar parte del debate hacia las responsabilidades institucionales del Congreso en la elaboración y aprobación de las normas.
Sin embargo, la discusión sobre el contenido, los efectos y las motivaciones de una legislación puede ser independiente de la identificación del órgano que formalmente la sancionó.
La transformación de Ueno en banco fue autorizada por el BCP
Otro punto abordado durante la defensa fue la autorización que permitió a Ueno pasar de financiera a entidad bancaria.
Preda afirmó que dicha decisión correspondió al directorio del Banco Central del Paraguay, en ejercicio de las atribuciones que le confieren su autonomía y autarquía institucional.
Según el abogado, no se trató de una autorización emitida directamente por el presidente de la República.
También señaló que tres de los cinco integrantes del directorio que aprobaron la transformación habían sido designados durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez y confirmados por el Senado.
Con estos antecedentes, la defensa sostuvo que la decisión fue adoptada por un órgano colegiado con participación de autoridades nombradas durante administraciones anteriores.
El argumento buscó desvirtuar la hipótesis de que el presidente Peña hubiera controlado personalmente el proceso de autorización bancaria.
El Senado deberá valorar los argumentos de la defensa
La exposición de Ricardo Preda constituye una etapa fundamental dentro del juicio político contra Santiago Peña.
El abogado concentró su estrategia en cuestionar la suficiencia de las pruebas, defender la actuación del Banco Central y señalar la participación de otras instituciones en las decisiones cuestionadas.
Por su parte, los legisladores encargados de sostener la acusación deberán fundamentar los hechos que consideran constitutivos de mal desempeño presidencial.
El juicio político es un procedimiento de naturaleza constitucional y política, diferente de las investigaciones penales que desarrolla el Ministerio Público.
Por esa razón, la existencia de imputaciones penales contra directivos bancarios no determina automáticamente la responsabilidad política del presidente, así como la ausencia de una imputación penal contra el mandatario tampoco resuelve por sí sola el juicio político.
La decisión final corresponderá a la Cámara de Senadores, que deberá valorar los argumentos presentados por las partes y pronunciarse conforme al procedimiento constitucional.
Mientras tanto, la crisis de Ueno Bank continúa generando repercusiones judiciales, financieras y políticas en Paraguay.
Fuente: Última Hora, 6 de noviembre de 2026, 14:58. Declaraciones de Ricardo Preda durante la defensa del presidente Santiago Peña ante el Senado.
