Colombia prepara un decreto marítimo que podría reavivar su disputa con Nicaragua
El Gobierno colombiano prevé establecer el 30 de noviembre las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Especialistas advierten que el trazado debe respetar las sentencias internacionales. Sin las coordenadas del decreto, todavía no puede determinarse si afectará espacios reconocidos a Nicaragua.
El Gobierno de Colombia anunció que establecerá las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una decisión que podría generar nuevas tensiones con Nicaragua por los derechos marítimos en el Caribe. La medida está prevista para el 30 de noviembre, pero todavía no se publicaron el decreto ni sus coordenadas.
El presidente Abelardo de la Espriella presentó la iniciativa el 18 de octubre desde un buque de la Armada. Según el reportaje de Infobae, especialistas coinciden en que Colombia puede definir esas referencias geográficas, aunque debe hacerlo sin desconocer la delimitación establecida por la Corte Internacional de Justicia, CIJ.
La diferencia es central: aprobar un decreto no equivale a recuperar legalmente espacios marítimos atribuidos a otro Estado. El alcance concreto del anuncio dependerá del trazado y de su compatibilidad con las decisiones internacionales.
Qué son las líneas de base y por qué importan
Las líneas de base son referencias desde las cuales se mide la extensión de espacios como el mar territorial y la zona contigua. Generalmente siguen la costa, aunque el derecho internacional permite utilizar líneas rectas en determinadas circunstancias.
De la Espriella invocó la Ley 10 de 1978, que regula los espacios marítimos colombianos. Según explicó, las líneas correspondientes a la costa continental se establecieron en 1984, mientras permanecía pendiente el desarrollo de las del archipiélago.
El punto controvertido es la posibilidad de unir distintas formaciones insulares y considerar las aguas comprendidas entre ellas como aguas interiores colombianas. Esa interpretación fue defendida por el exministro del Interior Rodrigo Lara, quien cuestionó la aplicación literal del fallo de 2012.
Para Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, cualquier trazado debe ajustarse tanto a las reglas del derecho del mar como a la sentencia que delimitó los espacios de ambos países.
Qué derechos podrían quedar bajo presión para Nicaragua
La preocupación de Managua se relaciona principalmente con sus derechos sobre los recursos naturales y determinadas actividades dentro de su zona económica exclusiva.
En esos espacios, Nicaragua tiene facultades para explorar, explotar, conservar y administrar recursos. Eso no convierte toda la zona en territorio nacional equivalente a tierra firme ni elimina libertades de otros países, como la navegación internacional.
Si el nuevo trazado colombiano pretendiera incorporar aguas reconocidas a Nicaragua, podrían surgir conflictos sobre pesca, investigación científica y aprovechamiento de recursos. Sin embargo, todavía no es posible identificar una superficie afectada ni afirmar que Nicaragua haya perdido derechos.
El decreto pendiente será determinante para comparar las nuevas referencias con la frontera judicial. El anuncio político, por sí solo, no modifica esa delimitación.
Qué resolvió la Corte en 2012
El 19 de noviembre de 2012, después de once años de litigio, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas y formaciones insulares examinadas, pero trazó una frontera marítima que atribuyó a Nicaragua derechos sobre extensas áreas del Caribe.
Distintas estimaciones citadas en el reportaje sitúan entre 72.000 y 75.000 kilómetros cuadrados la extensión de los espacios reconocidos a Nicaragua mediante esa delimitación.
Colombia conservó San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de formaciones como Alburquerque, Bajo Nuevo, los cayos del Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla. La Corte rechazó, a su vez, que el meridiano 82 constituyera una frontera marítima definitiva entre los países.
La decisión provocó un fuerte rechazo del Gobierno de Juan Manuel Santos. Colombia sostuvo entonces que sus fronteras solo podían modificarse mediante un tratado, un argumento que reaparece en el debate actual y que Boeglin cuestiona frente a una delimitación dictada por un tribunal competente.
Los fallos de 2022 y 2023 tuvieron alcances diferentes
La sentencia de 2012 no terminó con los desacuerdos. En 2013, Colombia estableció una zona contigua integral alrededor de las islas, mientras continuaban las diferencias sobre vigilancia y actividades pesqueras.
El 21 de abril de 2022, la CIJ concluyó que Colombia había vulnerado derechos soberanos y jurisdiccionales nicaragüenses al interferir en determinadas actividades pesqueras y científicas. También cuestionó aspectos de aquella zona contigua y ordenó adecuar las disposiciones internas.
El fallo incluyó decisiones desfavorables para Nicaragua: declaró incompatibles con el derecho internacional sus líneas de base rectas establecidas mediante decretos de 2013 y 2018.
Posteriormente, el 13 de julio de 2023, el tribunal rechazó la pretensión nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en espacios que se superponían con derechos correspondientes a Colombia.
Esa resolución favorable a Bogotá no anuló la frontera de 2012 ni las obligaciones derivadas de la sentencia de 2022.
La situación de los pescadores raizales sigue pendiente
El anuncio colombiano también incluye reforzar la presencia de la Armada y proteger a los pescadores raizales, pertenecientes a una comunidad afrocaribeña con vínculos históricos en el Caribe occidental.
Durante generaciones, sus actividades se desarrollaron en bancos y arrecifes que hoy están bajo distintas jurisdicciones. Colombia ha reclamado garantías para mantener esas prácticas tradicionales.
Sin embargo, en 2022 la Corte consideró que Colombia no había demostrado la existencia de los derechos tradicionales de pesca artesanal invocados en la zona económica exclusiva nicaragüense.
Boeglin sostiene que ambos países podrían negociar acuerdos sobre pesca, navegación, recursos y cooperación ambiental. Esa posibilidad permitiría atender necesidades de las comunidades sin intentar alterar unilateralmente la delimitación.
Una controversia que atravesó distintos gobiernos
El origen del conflicto combina interpretaciones de documentos coloniales, ejercicios de administración y acuerdos posteriores a la independencia.
El Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 reconoció la soberanía colombiana sobre las principales islas y la nicaragüense sobre la Costa de Mosquitos y las islas Mangle. Nicaragua cuestionó después su validez porque fue firmado durante la ocupación militar estadounidense.
En 2001, el Gobierno de Arnoldo Alemán presentó la demanda ante la CIJ. El proceso continuó durante la presidencia de Enrique Bolaños y ya llevaba más de cinco años cuando Daniel Ortega regresó al poder en 2007.
Una primera sentencia, dictada ese año, consideró resuelta la soberanía colombiana sobre las principales islas, pero dejó abierta la delimitación marítima que finalmente se estableció en 2012.
Qué opciones tiene Nicaragua ante un eventual desacuerdo
Colombia notificó su retirada del Pacto de Bogotá el 27 de noviembre de 2012. La denuncia produjo efectos un año después y no anuló la sentencia ni impidió los procedimientos iniciados antes de esa fecha.
La salida del tratado complica una nueva demanda basada en ese instrumento. Según los especialistas citados, los dos países podrían acordar someter una controversia específica a un mecanismo internacional, aunque esa vía requeriría consentimiento.
Nicaragua también puede presentar protestas diplomáticas, solicitar explicaciones y promover negociaciones. Boeglin recuerda además que la Carta de Naciones Unidas contempla acudir al Consejo de Seguridad ante el incumplimiento de una sentencia de la CIJ, sin que ello garantice medidas concretas.
Hasta el cierre del reportaje, el 24 de octubre, no se conocía una respuesta oficial de Ortega, Rosario Murillo o la Cancillería nicaragüense al anuncio.
El contenido del decreto definirá el alcance del conflicto
El excanciller colombiano Julio Londoño considera que el Gobierno puede establecer las líneas de base si respeta las normas internacionales y las sentencias. También señaló que es necesario conocer el decreto antes de evaluar sus consecuencias.
El internacionalista Fabián Cárdenas coincide en que las decisiones de 2012, 2022 y 2023 deben examinarse conjuntamente. Por su parte, Boeglin interpreta la iniciativa como una maniobra política y recomienda acordar el trazado entre ambos Estados.
La mayor presencia naval anunciada tampoco constituye, por sí misma, una vulneración de derechos. Las tensiones podrían surgir si se utiliza para impedir actividades que correspondan legalmente a Nicaragua.
La cuestión decisiva será si las coordenadas colombianas respetan la frontera existente. Hasta que se publiquen, permanece abierta la diferencia entre completar una regulación interna del archipiélago e intentar proyectar jurisdicción sobre espacios reconocidos al país vecino.
Fuente: Infobae
