Un juez en El Paso ha determinado la liberación de los inmigrantes indocumentados involucrados en un incidente conocido como «motín fronterizo» que ocurrió a lo largo del Río Grande en marzo, según informa El Paso Times. La decisión fue emitida durante una audiencia de fianza celebrada en la víspera del domingo de Pascua.

El juez Humberto Acosta tomó la decisión de liberar bajo palabra a los acusados de participar en el tumulto fronterizo, citando la falta de preparación por parte de la Fiscalía del Distrito de El Paso para proceder con las audiencias de detención individuales. Los inmigrantes permanecerán detenidos solo si hay una retención federal de inmigración que impida su liberación.

El incidente en cuestión ocurrió el 21 de marzo, cuando un grupo de más de 100 inmigrantes intentaron cruzar ilegalmente la frontera saltando una valla en El Paso, Texas. Videos publicados muestran a los individuos derribando alambre de púas instalado por el estado y enfrentándose a la Guardia Nacional de Texas antes de ser detenidos.

Aunque se desconoce el número exacto de inmigrantes ilegales acusados de participar en el motín, se espera que cientos de detenidos tengan audiencias de detención dentro de las próximas 48 horas. La decisión del juez Acosta ha generado incertidumbre sobre si se aplicará solo a cargos específicos o a todos los involucrados en el incidente.

La liberación bajo palabra de los acusados ha suscitado debate sobre las políticas migratorias y la aplicación de la ley en la frontera sur. Mientras tanto, las autoridades continúan revisando videos para identificar a los responsables de agredir a los guardias, quienes enfrentarán procesos de deportación y tendrán la opción de solicitar asilo.

El estado de Texas ha reafirmado su autoridad para detener a quienes crucen ilegalmente la frontera, mientras que la administración Biden ha expresado preocupaciones sobre la interferencia con la aplicación federal de la ley de inmigración. El caso ha sido objeto de controversia y debate sobre las responsabilidades y competencias entre el gobierno federal y estatal en materia migratoria.