El fiscal general de Estados Unidos afirmó que muchos migrantes están colaborando, consciente o inconscientemente, con los cárteles mexicanos. Sus declaraciones generaron rechazo en sectores defensores de derechos humanos.

Contexto de las declaraciones

Durante una conferencia en Washington D.C., el fiscal general de EE.UU., bajo la actual administración de Donald Trump, declaró que los migrantes indocumentados están “haciendo el trabajo de los cárteles”. La afirmación sugiere que, al pagar a coyotes, transportar paquetes o actuar como vigías fronterizos, los migrantes estarían alimentando las estructuras del crimen organizado sin necesariamente tener vínculos directos con ellas.

Cooperación forzada o uso involuntario

Diversos informes, tanto oficiales como de organizaciones civiles, sostienen que muchos migrantes sufren extorsión por parte de grupos criminales al intentar cruzar la frontera. En algunos casos, se les obliga a colaborar para poder continuar el viaje o proteger a sus familias. Esta “colaboración forzada” es común en zonas fronterizas dominadas por grupos como el Cártel de Sinaloa o el CJNG, que controlan rutas y pasos ilegales.

Designación de los cárteles como grupos terroristas

La declaración del fiscal se produce en el marco de una política más dura del gobierno de Trump, que en 2025 promovió la designación de los principales cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Esto permite a las autoridades estadounidenses aplicar leyes antiterroristas en los casos relacionados con estas organizaciones, incluso si se trata de migrantes que colaboraron bajo coacción.

Advertencias de las autoridades

La DEA advirtió recientemente que los migrantes que paguen por cruzar con ayuda de los cárteles podrían ser incluidos en listas de vigilancia antiterrorista. Esto ha provocado preocupación entre defensores de derechos humanos y abogados migratorios, quienes argumentan que los migrantes son víctimas, no criminales, y que tales medidas podrían criminalizar aún más la migración forzada.

Casos anteriores que ilustran el problema

En 2021, la masacre de Camargo, Tamaulipas, evidenció cómo los migrantes pueden quedar atrapados en la violencia entre grupos criminales. Más recientemente, informes desde estados fronterizos como Texas han documentado cómo algunos migrantes fueron usados como “mulas humanas” para transportar drogas, con o sin conocimiento de lo que llevaban.

Reacciones en México y organismos de derechos humanos

Desde el gobierno mexicano se han emitido críticas hacia las declaraciones del fiscal estadounidense. Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores señalaron que el discurso criminaliza la migración y no aborda las verdaderas causas del desplazamiento forzado. Organizaciones como Human Rights Watch y el Consejo Americano de Inmigración también calificaron como “irresponsable” culpar a migrantes por el avance del crimen organizado.

Una frontera cada vez más politizada

La nueva política fronteriza de Estados Unidos plantea un enfoque mucho más severo: asociar la migración irregular con terrorismo o crimen organizado. Esta tendencia podría tener consecuencias profundas, tanto legales como humanitarias, para miles de personas que huyen de la violencia, la pobreza o el colapso institucional en sus países de origen.

Fuentes:

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