Estados Unidos se prepara para restringir la ciudadanía por nacimiento: ¿en qué estados quedará activa y qué implicaciones tendrá?

El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, titulada “Protección del significado y valor de la ciudadanía americana”, con el objetivo de limitar la ciudadanía automática a hijos de residentes legales o ciudadanos permanentes.
La aplicación de la orden quedaría restringida para nacimientos ocurridos a partir del 19 de febrero de 2025, según la disposición de una prórroga de 30 días.

El Tribunal Supremo, en una decisión emitida el 27 de junio de 2025, estableció límites a los tribunales de distrito: ya no pueden emitir medidas cautelares de aplicación nacional, solo pueden proteger a los demandantes específicos.
Esa resolución no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva, lo que deja abierta la disputa legal.

Se estima que en 28 estados donde no se presentó demanda judicial, la orden podría empezar a regir a partir del 27 de julio de 2025, siempre que no se logre una suspensión nacional basada en demanda por clase.
En cambio, en los estados demandantes como Colorado, Massachusetts, Washington, Nueva Jersey, entre otros, la implementación sigue paralizada hasta que cada jurisdicción decida.

Jueces en Maryland y New Hampshire han exigido al Departamento de Justicia aclarar por escrito si planean deportar a los niños nacidos después del 19 de febrero en estos estados, o si se limitarán a aplicar normalidad hasta que se resuelva jurídicamente.
La administración ha ofrecido garantías verbales de que no habrá deportaciones antes del 27 de julio, pero los jueces buscan un respaldo formal.

La orden alcanzaría a los niños nacidos en EE. UU. tras el 19 de febrero de 2025 cuyos padres:
- Estén en situación irregular, y ninguno sea residente permanente o ciudadano, o
- Estén en visas temporales (estudiante, trabajo, turista), y ninguno tenga status legal.
Según cifras, más de 4 millones de niños nacidos en EE. UU. viven con al menos un padre sin estatus legal, y 1.8 millones con ambos padres indocumentados. Esto podría derivar en casos de niñez apátrida.

La ciudadanía por nacimiento (jus soli) está avalada por la Enmienda 14 desde 1868 y por precedentes como Wong Kim Ark (1898), que determinó que hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos.
Expertos constitucionalistas, como el profesor Gerald Neuman de Harvard, sostienen que la orden ejecutiva carece de autoridad legal, ya que solo una reforma constitucional o un fallo supremo podrían modificar la interpretación actual.

Se presentaron varias demandas judiciales:
- ACLU, estados demócratas y organizaciones civiles impulsan clases en demanda colectiva (class action) para extender la suspensión a nivel nacional.
La oposición política y de derechos civiles es firme. El senador Chris Murphy calificó la medida y la limitación a los tribunales como “muy peligrosa” para el sistema de pesos y contrapesos.

Hasta el 27 de julio de 2025: la orden está en suspenso general.
Luego de esa fecha: ejecutable en 28 estados sin demanda, siempre que no haya una medida nacional por clase.
Batalla legal continua: muchos estados y organizaciones seguirán apelando; el caso podría volver al Tribunal Supremo en el otoño de 2025.