La Corte Suprema limita el poder judicial y reabre el debate sobre la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
¿Qué decidió la Corte Suprema?
El 27 de junio de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de limitar el alcance de las órdenes judiciales nacionales (conocidas como “injunctions”). Por una votación de 6-3, los jueces determinaron que los tribunales federales no pueden bloquear políticas del gobierno para todo el país, a menos que exista una base jurídica sólida que lo justifique.
Este fallo tiene implicancias directas sobre una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que intenta revocar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.
¿Qué implica esto para la ciudadanía por nacimiento?
La decisión no resuelve el fondo del asunto —es decir, si es constitucional quitar la ciudadanía a quienes nacen en EE.UU. de padres indocumentados— pero sí permite que esa orden ejecutiva entre en vigencia en parte del país mientras se continúa litigando su validez en tribunales de menor instancia.
Esto genera un escenario legal fragmentado, donde algunos estados podrían aplicar la norma y otros no, hasta que se resuelva el caso de fondo. La ciudadanía por nacimiento está protegida por la 14ª Enmienda, pero el caso plantea interpretaciones legales más estrictas sobre la frase “sujeto a su jurisdicción”.
¿Qué dice la Casa Blanca?
Trump celebró el fallo como una victoria para el «estado de derecho y la separación de poderes», alegando que pone fin a la práctica de que “un solo juez pueda bloquear políticas nacionales desde una sala de audiencias”.
Funcionarios de su círculo legal indicaron que buscarán implementar partes de la orden ejecutiva lo antes posible en jurisdicciones donde no exista impedimento.
¿Qué dicen los jueces disidentes?
La jueza Sonia Sotomayor emitió una fuerte disidencia, advirtiendo que este fallo podría dejar sin protección a miles de personas cuyos derechos quedarían vulnerables en función de dónde viven. Advirtió que esto puede llevar a una justicia desigual y socavar el principio de universalidad de los derechos civiles.
Reacciones y consecuencias
Grupos de derechos civiles y organizaciones proinmigrantes alertan sobre la posible creación de una «ciudadanía a dos velocidades», dependiendo del estado. También critican el uso de órdenes ejecutivas para alterar derechos constitucionales sin debate legislativo.
Desde el ámbito académico, constitucionalistas recuerdan que este principio fue claramente afirmado en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), que estableció que todos los nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Aunque la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento sigue bloqueada temporalmente, la Corte Suprema ha despejado el camino para su implementación parcial y ha limitado el poder de las cortes para detenerla a nivel nacional. Se avecina una ola de litigios, decisiones estatales divididas y un debate constitucional que probablemente llegue de nuevo al Supremo.
