Un cruce legal en medio de un veto internacional

El mismo día en que entró en vigor la nueva orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que restringe el ingreso de ciudadanos de varios países, incluida Venezuela, una joven venezolana, Loren Romero, logró ingresar a Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Orlando con una visa de prometida (K-1). Su testimonio ofrece una mirada directa sobre cómo se aplica la nueva norma y cuáles son sus excepciones.

Un vuelo reprogramado y preguntas clave

Romero voló desde Lima, con escala en Medellín, aunque su itinerario fue modificado por Avianca, que la trasladó a Bogotá para abordar el vuelo hacia EE. UU. Antes de embarcar, funcionarios en Colombia verificaron su visa. A su llegada a Orlando, fue conducida a una revisión secundaria, donde agentes de migración le hicieron dos preguntas:

  1. ¿Dónde se hospedará en Florida?
  2. ¿Cuándo planea casarse?

Luego de confirmar su situación, le permitieron el ingreso bajo la condición de que debe casarse antes del 5 de septiembre.

Qué establece la nueva Proclamación 10949

La orden ejecutiva, firmada el 4 de junio de 2025 y vigente desde el 9 de junio, impone restricciones a ciudadanos de 19 países, incluyendo Venezuela, Cuba, Haití, Siria, Somalia, entre otros.
Prohíbe la emisión de visas B-1 (negocios), B-2 (turismo), F (estudiantes), M (formación vocacional) y J (intercambios), entre otras, alegando preocupaciones sobre documentos fraudulentos, repatriaciones y altos índices de sobreestadía de visados.

Para Venezuela, por ejemplo, se menciona una tasa de sobreestadía del 9,83 % en visas de turismo/negocios, lo que impulsó su inclusión en la medida.

A quiénes no afecta la medida

Están exentos:

  • Residentes permanentes legales (green card holders)
  • Personas con doble nacionalidad que usen el pasaporte del otro país
  • Diplomáticos, atletas, familiares directos de residentes legales y adoptandos
  • Portadores de visas no restringidas como la K-1, en el caso de Romero

Reacción internacional y legal

Gobiernos como el de Venezuela denunciaron la política como “discriminatoria y fascista”. Organizaciones de derechos humanos y grupos migratorios expresaron preocupación por su impacto en estudiantes, familias divididas y comunidades ya vulnerables.

Paralelamente, abogados migratorios han iniciado acciones legales, entre ellas el caso “J.G.G. vs Trump”, cuestionando la legalidad de aplicar leyes de emergencia nacional como la de Enemigos Extranjeros de 1798.

Además, la administración de Trump evalúa incluir hasta 36 nuevos países en la lista de vetos si no cumplen ciertos estándares migratorios.

Fuentes:

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