Nueva York ya no es un refugio: ICE intensifica detenciones de inmigrantes en la ciudad santuario

La historia de Orleynis Salas: una familia rota sin explicación

Orleynis Salas, venezolana de 29 años, vivía tranquilamente en el Alto Manhattan con su esposo Jameson Arias y sus hijos. Él trabajaba como agente de seguridad; ella, como limpiapisos. Todo cambió el pasado 26 de mayo, Día de los Caídos, cuando decidieron visitar los buques atracados en el Homeport Pier, como parte de las actividades de la Semana de la Armada.

Lo que prometía ser un paseo familiar terminó en una pesadilla. Agentes de ICE, vestidos de civil, detuvieron a Arias sin una explicación clara. Luego fue trasladado al edificio de Federal Plaza y posteriormente a un centro de detención en Pensilvania. Desde allí llama a su esposa cada día, sin saber por qué está preso ni cuánto tiempo permanecerá así.

Salas, entre lágrimas, se ha sumado a una caravana de 15 personas liderada por el padre Fabián Arias, un sacerdote argentino que acompaña a los migrantes en sus reclamos. La marcha alrededor del edificio de inmigración de Nueva York simboliza las siete vueltas del pueblo de Israel alrededor de Jericó. Es una protesta silenciosa, esperanzada, pero cada vez más desesperada.

Una nueva táctica de ICE: las detenciones en los juzgados

La estrategia de ICE ha evolucionado. Ya no solo actúan en las calles: ahora los agentes esperan dentro de los juzgados federales para detener a personas que acuden voluntariamente a sus audiencias de inmigración.

Uno de los casos más recientes es el de Dylan López Contreras, un joven venezolano de 20 años que fue arrestado tras asistir a su audiencia de asilo en Manhattan. A pesar de estar legalmente en proceso y no tener antecedentes, fue detenido por ICE dentro del edificio judicial, en una práctica que abogados y activistas califican como ilegal e inmoral.

Estas operaciones han generado protestas frente a los edificios federales, como el Ted Weiss o la sede de Varick Street. Varios activistas han sido arrestados al intentar evitar las detenciones, incluyendo pastores, estudiantes y ciudadanos estadounidenses.

La colaboración entre Nueva York y la Administración Trump

Aunque Nueva York se ha declarado ciudad santuario, la actual administración local, encabezada por el alcalde Eric Adams, ha colaborado abiertamente con el Gobierno federal. Desde el cierre de albergues para migrantes hasta el apoyo operativo a las detenciones, las autoridades municipales han mostrado alineamiento con la política migratoria de Donald Trump.

Una de las medidas más controversiales ha sido la instalación de una oficina de ICE dentro de la prisión de Rikers Island. El Consejo de la Ciudad de Nueva York ha demandado a la alcaldía por esta decisión, argumentando que viola leyes locales y derechos fundamentales de los inmigrantes.

Pese a la existencia de leyes estatales que prohíben arrestos civiles en tribunales sin orden judicial, estas no se aplican en edificios federales, donde ICE ha intensificado su presencia.

Una política nacional basada en cuotas de detención

El Gobierno de Trump ha establecido una meta de 3.000 detenciones diarias a través de ICE, con el objetivo de alcanzar un millón de arrestos en su primer año de regreso al poder. Esta política ha originado redadas masivas y una presión constante sobre las comunidades migrantes.

Además, la nueva “Ley Laken Riley” obliga a detener a inmigrantes acusados de ciertos delitos graves, incluso sin una condena. La ley también permite a los estados demandar al Gobierno federal si consideran que no está aplicando adecuadamente las políticas de detención.

Activistas denuncian que este tipo de leyes, junto con programas como “Operación Safeguard”, convierten a los inmigrantes en blanco de una cacería que vulnera el debido proceso y la dignidad humana.

Nadie está a salvo

Las recientes detenciones, como la de Jameson Arias, reflejan una realidad dura: nadie está a salvo, ni siquiera quienes cumplen con la ley y acuden a sus audiencias. Las organizaciones de derechos migrantes denuncian que la confianza en el sistema judicial se ha erosionado, y que el mensaje del Gobierno es claro: la presencia de los inmigrantes ya no es bienvenida.

Mientras tanto, familias como la de Orleynis siguen separadas, atrapadas en un limbo legal, emocional y humano.

Fuentes consultadas

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