Una propuesta busca cambiar cómo se castigan los daños ambientales más graves en Latinoamérica
Organizaciones y especialistas elaboraron una ley modelo que propone entre 8 y 20 años de prisión por daños ambientales graves, extensos o duraderos. El texto incluye sanciones empresariales, protección para denunciantes y participación de comunidades indígenas.
Organizaciones especializadas en derecho penal y ambiental presentaron una ley modelo de ecocidio para América Latina. La iniciativa busca combatir la impunidad frente a la destrucción masiva de ecosistemas y establecer sanciones para quienes provoquen los daños más graves.
El texto fue consensuado durante un encuentro en México y será enviado a los parlamentos de la región. Se trata de una propuesta para que cada país evalúe adaptarla a su legislación, por lo que las penas planteadas todavía no constituyen una norma vigente en toda Latinoamérica.
La propuesta contempla hasta 20 años de prisión
El artículo principal establece penas de entre 8 y 20 años de cárcel efectiva para quienes, por acción u omisión, causen daños graves, extensos o duraderos al ambiente.
Denise Alonso, coordinadora en América de Stop Ecocidio Internacional, explicó a Mongabay Latam que los países cuentan con leyes que sancionan la contaminación. Sin embargo, señaló que los hechos ambientales de mayor gravedad, magnitud o duración no siempre están claramente contemplados.
La ley modelo busca atender ese vacío mediante una figura penal específica. Su objetivo es que la destrucción de ecosistemas tenga consecuencias acordes con la dimensión del daño causado.
Las sanciones alcanzarían a empresas y altos directivos
La iniciativa también contempla la responsabilidad de altos directivos y sanciones para personas jurídicas. De esta manera, el texto incorpora tanto la actuación individual como la responsabilidad empresarial.
Además de la prisión, propone inhabilitación profesional, prohibición de contratar con el Estado y revocación de licencias ambientales. Incluye también el decomiso de bienes y ganancias provenientes de actos ilícitos.
Estas medidas amplían el alcance de la respuesta penal y económica. La propuesta busca que las consecuencias no se limiten a una condena de cárcel, sino que también afecten los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas.
El delito sería imprescriptible
Uno de los puntos centrales es la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena. Según el artículo 10, el paso del tiempo no impediría perseguir el delito de ecocidio en ninguna de sus modalidades.
El texto también plantea que las personas condenadas no puedan recibir amnistías, indultos, conmutaciones de pena ni otros beneficios de remisión.
Son disposiciones incluidas en el modelo que deberán ser evaluadas por los legisladores de cada país al considerar su incorporación al sistema jurídico nacional.
Protección para quienes denuncian daños ambientales
La iniciativa incorpora medidas frente a la violencia contra denunciantes. Propone aumentar las penas cuando exista violencia física, coacción u otras formas de persecución contra quienes alerten sobre los hechos.
Este apartado se presenta en un contexto de preocupación por los crímenes contra defensores ambientales en América Latina. La propuesta busca proteger a quienes participan en la denuncia y el seguimiento de daños a los ecosistemas.
Asimismo, reconoce a las comunidades y los pueblos indígenas el acceso a la información, a la justicia y a la participación activa durante todas las etapas del proceso penal.
Los parlamentos deberán evaluar el texto
Más de 30 expertos participaron en la redacción final de la ley modelo en México. El próximo paso será remitirla a los parlamentos latinoamericanos para que estudien su adaptación a sus normas internas.
La iniciativa es impulsada por Stop Ecocidio Internacional, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Universidad Iberoamericana y la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe.
También participa la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC). La adopción de la propuesta dependerá del tratamiento legislativo que reciba en cada país.
El objetivo también apunta a la justicia internacional
Alonso explicó que las organizaciones tienen como objetivo de fondo incorporar el ecocidio al Estatuto de Roma, el marco fundacional del Tribunal Penal Internacional.
La ley modelo forma parte de ese impulso por dar una respuesta penal a los daños ambientales de mayor gravedad. En el ámbito regional, ofrece un texto de referencia para abrir el debate legislativo.
Por ahora, el avance concreto es la elaboración de una propuesta consensuada. Su transformación en leyes exigirá decisiones de los parlamentos y la adaptación de sus disposiciones a cada ordenamiento nacional.
Fuente: MONGABAY
