El gobierno redirige fondos federales y promueve internaciones involuntarias como parte de su nueva política nacional sobre indigencia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles 24 de julio una orden ejecutiva titulada «Ending Vagrancy and Restoring Order», que instruye a las ciudades y gobiernos locales a remover a las personas sin hogar de los espacios públicos y trasladarlas a centros de tratamiento, rehabilitación o custodia institucional.

La medida representa un cambio drástico de rumbo en la política nacional sobre la indigencia, alejándose del modelo “Housing First”, que prioriza otorgar vivienda como primer paso, hacia un enfoque que combina control institucional, tratamiento forzoso y sanciones locales.

Reasignación de fondos federales

Como parte del decreto, el gobierno federal redirigirá recursos económicos hacia la construcción y expansión de centros de salud mental, clínicas de rehabilitación de drogas y programas de tratamiento intensivo. Las ciudades que colaboren con las nuevas directrices serán las principales beneficiarias de estos fondos, mientras que aquellas que no tomen medidas podrán ver recortado su financiamiento.

La administración afirma que esta estrategia tiene como objetivo “resolver realmente” el problema de la indigencia crónica, que consideran ha sido permitida e incluso fomentada por políticas demócratas en ciudades como San Francisco, Los Ángeles o Nueva York.

Internación involuntaria y cambio legal

Uno de los aspectos más polémicos de la orden ejecutiva es la facilitación de hospitalizaciones involuntarias (civil commitment) para personas sin hogar que padecen adicciones severas o enfermedades mentales, aunque no representen un peligro inminente para sí mismas o terceros.

La Casa Blanca expresó su intención de desafiar precedentes judiciales que limitan el uso de internaciones forzadas, y ha otorgado nuevas facultades al Departamento de Justicia para intervenir en tribunales estatales que bloqueen este tipo de procedimientos.

Críticas y preocupaciones

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y civiles, como la ACLU y el National Homelessness Law Center, han criticado la medida, advirtiendo que criminaliza la pobreza, atenta contra libertades individuales y omite las causas estructurales del problema, como el déficit de vivienda asequible y la falta de acceso a servicios de salud mental comunitarios.

Además, especialistas en salud pública advierten que la institucionalización forzada puede generar más daño que beneficio, especialmente si no va acompañada de un plan integral y respetuoso de derechos.

Una ruptura definitiva con el modelo anterior

El presidente Trump ha sido un crítico abierto del modelo “Housing First”, adoptado en gran parte del país desde 2009. En su lugar, promueve una estrategia punitiva y de intervención directa, que busca “restaurar el orden en las calles”, según palabras del propio mandatario.

Funcionarios de la administración indicaron que el modelo actual ha fallado y que la tolerancia con campamentos, uso abierto de drogas y ocupación de espacios públicos debe terminar. “El tiempo de la permisividad se acabó”, señalaron.

Conclusión

La orden ejecutiva “Ending Vagrancy and Restoring Order” marca un nuevo paradigma en el tratamiento de la indigencia en Estados Unidos. Mientras el gobierno la presenta como una solución firme a una crisis social compleja, diversos sectores temen un retroceso en derechos civiles y una mayor marginalización de las personas más vulnerables.

Fuentes:

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