La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción imputó al expresidente Santiago Peña por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles vinculados con la crisis de Ueno Bank. El Ministerio Público también dispuso su detención, horas después de que el Senado resolviera destituirlo mediante juicio político.
La crisis política y financiera que sacude a Paraguay abrió este viernes 6 de noviembre de 2026 un nuevo capítulo judicial. Santiago Peña, destituido de la Presidencia de la República tras un juicio político, fue imputado por el Ministerio Público y quedó sujeto a una orden de detención relacionada con las investigaciones sobre Ueno Bank.
La información fue publicada por Última Hora a las 19:07 y posteriormente recogida por otros medios nacionales e internacionales. La investigación busca determinar posibles responsabilidades penales en torno a las operaciones de la entidad bancaria, los controles ejercidos por organismos estatales y el manejo de recursos públicos depositados en la institución.
La Fiscalía inicia una nueva etapa contra el expresidente
La imputación fue formulada en el marco de la causa N.º 92/2026, vinculada con presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank y su interacción con instituciones del Estado.
Entre los hechos investigados figura la presunta lesión de confianza, además de otras posibles conductas penalmente relevantes que deberán ser examinadas durante el proceso.
La decisión de la Fiscalía se conoció poco después de que el Senado aprobara la destitución presidencial por mal desempeño de sus funciones.
Con su salida del cargo, Peña pasó de enfrentar un procedimiento de responsabilidad política ante el Congreso a encontrarse también sometido a una investigación penal.
Ambos procedimientos tienen naturaleza y consecuencias diferentes: el juicio político determina la permanencia de una autoridad en el cargo, mientras que el proceso penal busca establecer posibles responsabilidades por hechos punibles.
Orden de detención contra Santiago Peña
Además de la imputación, la Fiscalía dispuso una orden de detención contra el exmandatario.
Según la información difundida por iProfesional, la medida fue comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento.
El equipo fiscal mencionado en el reporte está integrado por Elena Fiore Franco, Christian Benítez, Silvia González Vester y Ruth Karina Benítez.
La medida constituye uno de los acontecimientos judiciales más importantes derivados de la crisis bancaria, al involucrar directamente a quien ejerció la Presidencia de la República hasta pocas horas antes. iProfesional
Es importante distinguir entre una orden de detención y una resolución judicial de prisión preventiva. La primera busca poner a la persona a disposición de las autoridades competentes; la segunda requiere una decisión judicial y la evaluación de los requisitos legales correspondientes.
Fondos públicos y supervisión bancaria, bajo investigación
Las investigaciones relacionadas con Ueno Bank incluyen cuestionamientos sobre la supervisión de la entidad financiera y las decisiones administrativas que permitieron la colocación de recursos públicos.
Entre las instituciones mencionadas en las denuncias se encuentran el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Fiscal y otros organismos estatales.
Uno de los aspectos que deberán esclarecer los investigadores es si existieron decisiones u omisiones de autoridades públicas que pudieran haber favorecido operaciones perjudiciales para el patrimonio estatal.
También se examinan posibles conflictos de intereses relacionados con los vínculos que Santiago Peña mantuvo anteriormente con empresas asociadas al Grupo Vázquez.
Estas circunstancias forman parte de las hipótesis investigadas y no constituyen, por sí mismas, una demostración de responsabilidad penal.
La relación de Peña con Ueno Bank
Los antecedentes de la investigación incluyen la participación accionaria que Santiago Peña declaró anteriormente en empresas vinculadas con Ueno.
De acuerdo con la información publicada por iProfesional, en 2023 el entonces mandatario declaró acciones de Ueno Holding por un valor aproximado de G. 6.144 millones.
Posteriormente, en abril de 2025, informó la venta de esa participación.
También había declarado un certificado de depósito de ahorro por G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti.
Estas vinculaciones empresariales y financieras forman parte de los antecedentes examinados en el contexto de las denuncias.
La defensa había rechazado las acusaciones
Antes de su destitución, Santiago Peña ejerció su defensa ante el Senado mediante sus abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro.
Durante el juicio político, Preda cuestionó el contenido del libelo acusatorio y sostuvo que no existían pruebas directas de una intervención personal del mandatario en las presuntas irregularidades bancarias.
También argumentó que Peña había vendido su participación accionaria antes del periodo en el que, según la defensa, se desarrollaron las operaciones investigadas.
El expresidente ha negado haber cometido irregularidades, según informó Associated Press.
La imputación fiscal abre ahora un escenario distinto, en el que los elementos reunidos deberán ser examinados conforme a las garantías del proceso penal.
Carlos Carvallo también fue imputado y tiene orden de detención
La investigación no se limita al expresidente Santiago Peña.
El Ministerio Público también imputó a Carlos Carvallo, quien ejerció la presidencia del Banco Central del Paraguay.
Según Última Hora, la Fiscalía remitió un oficio al comandante de la Policía Nacional, César Silguero, solicitando el cumplimiento de las órdenes de detención de ambas exautoridades.
El documento fue entregado a las 19:20 de este viernes.
En el caso de Peña, se dispuso que permaneciera detenido en su domicilio particular hasta ser puesto a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Para Carvallo, la Fiscalía solicitó que, una vez detenido, permaneciera en las dependencias que determinara la Comandancia de la Policía Nacional.
Los legisladores solicitaron ampliar las investigaciones
La actuación fiscal también tiene como antecedente una presentación realizada el jueves 5 de noviembre por un grupo de senadores y diputados.
Entre los firmantes se encuentran los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Éver Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain.
También participaron los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johanna Ortega y Adrián Vaesken.
Los legisladores solicitaron ampliar el alcance de las investigaciones para examinar no solamente las actuaciones de los directivos bancarios, sino también las decisiones de autoridades públicas relacionadas con la colocación y permanencia de fondos estatales en Ueno Bank.
El objetivo de la denuncia es determinar si existieron decisiones que expusieron indebidamente recursos del Estado y de los asegurados a riesgos financieros.
Una investigación que también alcanza a vínculos empresariales
La denuncia incorpora antecedentes sobre las relaciones financieras y empresariales del expresidente.
Según Última Hora, en octubre de 2023 el Grupo Vázquez registró en Luxemburgo la sociedad U Holding SARL.
Posteriormente, durante 2024, se produjeron movimientos accionarios que incluyeron la incorporación de nuevos socios, entre ellos Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente, a quien se atribuyen 58 acciones.
Estos antecedentes forman parte de los elementos que los denunciantes consideran relevantes para esclarecer posibles conflictos de intereses y relaciones económicas entre funcionarios públicos y empresas privadas.
La investigación deberá determinar si alguna de estas circunstancias guarda relación con hechos penalmente relevantes.
¿Qué puede ocurrir ahora con Santiago Peña?
La imputación y la orden de detención representan el inicio de una etapa judicial que podría incluir nuevas diligencias fiscales, declaraciones, solicitudes de medidas cautelares y resoluciones de un juzgado penal.
La Fiscalía deberá reunir y presentar los elementos que sustenten las sospechas formuladas contra el expresidente.
Por su parte, Peña tendrá derecho a ejercer su defensa, conocer las acusaciones, cuestionar las pruebas y recurrir las decisiones conforme a la legislación vigente.
La imputación no equivale a una condena. La responsabilidad penal solo podrá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente y con respeto al principio de presunción de inocencia.
El caso Ueno Bank continúa así generando consecuencias que alcanzan a exautoridades del Poder Ejecutivo, organismos reguladores y empresarios vinculados con la entidad financiera.
