Más de 100 dispositivos disponibles siguen sin ser utilizados debido a trabas judiciales y administrativas
Un plan estancado
En diciembre de 2024, el gobierno paraguayo anunció la implementación de tobilleras electrónicas para monitorear a personas procesadas por violencia familiar, con el objetivo de reducir la reincidencia y descongestionar las cárceles. Sin embargo, hasta abril de 2025, más de 100 dispositivos permanecen sin uso efectivo. La Corte Suprema de Justicia aprobó la Acordada N° 1779, estableciendo el marco legal para su aplicación.
Obstáculos judiciales y administrativos
Uno de los principales obstáculos es que los jueces no pueden ordenar de oficio el uso de las tobilleras; deben ser solicitadas por los abogados defensores. Además, su aplicación está limitada a casos de violencia intrafamiliar en Asunción, según lo establecido por la Corte Suprema.
Costos y cobertura
El costo mensual de cada tobillera supera los dos millones de guaraníes. La Ley 7270 establece que el beneficiario debe cubrir este costo, salvo que demuestre insolvencia mediante una declaración jurada, en cuyo caso el Estado asume el gasto.
Perspectivas y desafíos
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, ha destacado que las tobilleras son una herramienta adicional para los jueces, no una solución definitiva. El gobierno planea adquirir mil dispositivos e implementar el sistema de forma gradual, comenzando con unas 20 en Asunción y expandiendo progresivamente su uso al resto del territorio nacional.
