Texas intensifica su ofensiva legal contra distritos escolares por protestas estudiantiles anti‑ICE
El gobierno estatal argumenta que las escuelas facilitaron las marchas, mientras defensores de derechos civiles advierten sobre ataques a la libertad de expresión.
Un conflicto educativo y político se expande en Texas
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, abrió esta semana investigaciones formales contra tres de los principales distritos escolares del estado —además de la ya iniciada contra el Distrito Escolar Independiente de Austin— por presunta implicación en las protestas estudiantiles contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según la autoridad estatal, la administración y personal de dichos distritos habrían “ayudado a organizar” las manifestaciones y no habrían garantizado la seguridad ni la continuidad académica durante los paros.
Las investigaciones se concentran en los distritos de North East Independent School District (San Antonio), Dallas Independent School District y Manor Independent School District, ampliando esfuerzos que ya se habían dirigido contra el Austin ISD ante numerosas quejas por alumnos que abandonaron sus aulas para marchar por el Capitolio estatal.
Protestas estudiantiles: contexto y alcance
Las movilizaciones comenzaron a fines de enero en respuesta a operativos migratorios y a incidentes como la muerte de civiles —entre ellos dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti— en el marco de acciones de ICE, lo que encendió un movimiento estudiantil que se replicó en ciudades como San Antonio, Dallas, Waco, El Paso, Houston y Fort Worth. Centenares de jóvenes participaron en “walkouts” y marchas pidiendo el desmantelamiento de la agencia federal.
Los estudiantes organizadores insisten en que actuaron de forma pacífica, con planificación y bajo el entendido de que tenían derecho a expresarse sobre políticas públicas, aun durante el horario escolar.
Respuesta del gobierno estatal y medidas administrativas
El gobernador Greg Abbott ha respaldado las investigaciones e incluso amenazó con retirar financiamiento estatal a los distritos que permitan este tipo de paros estudiantiles, sosteniendo que los colegios no deben convertirse en plataformas de activismo “anti‑ley”.
La Agencia de Educación de Texas (TEA) emitió directrices estipulando que los alumnos que salgan del campus serán considerados ausentes no justificados, que docentes que faciliten protestas podrían perder su licencia y que los distritos podrían estar sujetos a intervenciones estatales si se encuentra que han apoyado las acciones.
Paxton también exigió que los distritos entreguen documentación interna como políticas de salidas del campus, protocolos de seguridad, comunicaciones sobre las protestas y uso de fondos públicos para evaluar si se violó alguna ley estatal.
Críticas de organizaciones civiles y expertos en derechos
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas han criticado duramente las investigaciones, señalando que castigar a estudiantes por su mensaje es inconstitucional. Según la ACLU, las autoridades no han identificado leyes específicas violadas y amenazar con represalias por ejercer la libertad de expresión constituye un ataque a derechos garantizados por la Primera Enmienda.
Brian Klosterboer, abogado senior de la organización, recordó que “los boicots y walkouts son formas pacíficas y antiguas de participación cívica reconocidas por la Corte Suprema”, y que ni alumnos ni educadores renuncian a sus derechos al ingresar a una escuela.
Más reacciones nacionales e impacto del movimiento estudiantil
El fenómeno de protestas contra ICE no es exclusivo de Texas. En otros estados como Oklahoma y California, estudiantes también han realizado “walkouts” y manifestaciones similares contra las políticas migratorias federales, con respuestas variadas de las autoridades educativas locales, desde sanciones hasta declaraciones de apoyo al derecho de protesta.
En Texas, incluso otras jurisdicciones escolares han advertido que los estudiantes que participen sin permiso enfrentarán consecuencias disciplinarias, reflejando la tensión entre control institucional y activismo juvenil.
Un choque de derechos y responsabilidades
La disputa en Texas pone en el centro un debate complejo sobre la libertad de expresión estudiantil, la autonomía de los distritos escolares, el papel del Estado y la respuesta política frente a manifestaciones juveniles. Las investigaciones ordenadas por Paxton podrían sentar precedentes sobre cómo se regula la participación estudiantil en protestas políticas durante el horario académico, con implicaciones legales y sociales que escapan al plano educativo tradicional.
