El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha escalado drásticamente la tensión con Estados Unidos al ordenar la suspensión inmediata de la colaboración de inteligencia con las agencias de seguridad estadounidenses. Esta decisión, sin precedentes en la relación bilateral en materia de seguridad, es una protesta directa contra la ofensiva militar de Washington en el Caribe y el Pacífico, que ha utilizado misiles para destruir supuestas embarcaciones de narcotráfico, dejando decenas de muertos.
La medida, comunicada el 11 de noviembre de 2025, afecta a «todos los niveles de inteligencia» de la fuerza pública colombiana, congelando el flujo de información vital en la lucha contra el crimen organizado.
Motivo Central de la Ruptura: Derechos Humanos y Ejecuciones Extrajudiciales
La orden presidencial fue una respuesta contundente a la campaña militar iniciada por la Administración estadounidense de Donald Trump. El mandatario colombiano ha calificado repetidamente estos bombardeos de embarcaciones de pequeño calado como «ejecuciones extrajudiciales» que violan los derechos humanos y la soberanía.
Petro sostiene que esta ofensiva militar apunta a los eslabones más débiles de la cadena, los «lancheros pobres», mientras que los verdaderos «capos» del narcotráfico permanecen impunes. El presidente aseguró que los ataques ya han cobrado la vida de al menos 69 personas, e incluso mencionó el caso específico de Alejandro Carranza, un pescador colombiano que habría muerto en un ataque en aguas presuntamente cercanas a la jurisdicción colombiana.
«De nuevo, le solicito al Gobierno de los Estados Unidos retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres (…) no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión,» escribió Petro en sus redes sociales.
Un Frente Común Regional e Internacional
La decisión de Colombia no se produjo en un vacío. Horas antes de la orden de Petro, se reveló que el Reino Unido había tomado una medida similar. Las autoridades británicas cesaron el intercambio de inteligencia con EE. UU. sobre embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Caribe, con el argumento de no querer ser «cómplices de los ataques militares estadounidenses,» los cuales consideran ilegales. Canadá también ha exigido garantías a Washington de que su información de inteligencia no será utilizada para fines de «eliminación directa.»
El tema sirvió de telón de fondo para la reciente cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta. Aunque no hubo una condena explícita en la declaración final, líderes como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil recalcaron que la amenaza del uso de la fuerza militar ha regresado al cotidiano de América Latina y el Caribe, reafirmando la visión de la región como una «Zona de paz.»
La Postura de Washington: Conflicto Armado y Legalidad
Mientras la comunidad internacional, incluyendo a expertos de la ONU (como Volker Turk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ha denunciado los ataques como «ejecuciones sumarias» sin justificación legal, la Administración de Estados Unidos defiende su accionar.
El Departamento de Justicia de EE. UU. aseguró que los ataques son «legales,» al haber sido ordenados bajo las leyes de conflicto armado. La justificación se basa en un informe que cataloga a los cárteles de drogas latinoamericanos como «grupos terroristas,» un movimiento que ha permitido a Washington utilizar la fuerza militar letal en aguas internacionales. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha sido enfático en su retórica de «narcoterrorismo,» llegando a declarar: «A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir con vida, dejen de traficar con drogas. Si siguen traficando con drogas mortales, los mataremos.»
Consecuencias Inmediatas: ¿Quién Gana y Quién Pierde?
La suspensión de la colaboración de inteligencia es un golpe duro para ambas naciones. Colombia depende de la información de EE. UU. para combatir el crimen organizado, que se financia a través del narcotráfico y otras economías ilegales. Al suspender la entrega de datos de agencias clave como la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), se corre el riesgo de crear un vacío informativo.
Analistas de seguridad y militares retirados coinciden en una conclusión paradójica: los más beneficiados por esta interrupción son los propios narcotraficantes. Al perder ambos gobiernos la capacidad de construir rutas y perfiles detallados sobre los cárteles, la ignorancia operativa resultante solo beneficia a las estructuras criminales transnacionales.
Hasta el momento, Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial al anuncio del presidente Petro. La decisión colombiana se mantiene como un desafío frontal a la estrategia antidrogas militarizada de Washington, llevando la tradicionalmente estrecha relación de seguridad a uno de sus puntos de quiebre más críticos en décadas.
Fuentes Consultadas
- Noticia Principal (El País): Petro ordena suspender la colaboración de inteligencia con Estados Unidos por los ataques contra las narcolanchas
- Decisión del Reino Unido (El Debate): Reino Unido suspende el intercambio de Inteligencia con EE.UU. por los ataques a narcolanchas en el Caribe
- Justificación Legal de EE. UU. (SWI swissinfo.ch): Los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe son legales, según el Departamento de Justicia
- Críticas de la ONU (El Confidencial): La ONU ha denunciado que no existe «ninguna justificación» legal para llevar a cabo estos bombardeos
