Reino Unido enfrenta una creciente presión sobre sus finanzas por el aumento de las prestaciones por enfermedad y discapacidad
Unos siete millones de personas reciben al menos una prestación por enfermedad o discapacidad. El gasto anual superará los 100.000 millones de libras, sin incluir la sanidad, según las cifras citadas. El crecimiento de las solicitudes y las dificultades para reformar el sistema intensifican el debate fiscal.
Unos siete millones de personas, más del 10% de la población británica, reciben al menos una prestación por enfermedad o discapacidad. El aumento de los beneficiarios está intensificando el debate sobre cómo mantener la protección social en un contexto de presión sobre las cuentas públicas.
Según las cifras recogidas en un reportaje de The Wall Street Journal, el crecimiento es especialmente marcado entre las personas en edad laboral. Ese grupo pasó de 2,9 millones en 2019 a 4,7 millones, un incremento superior al 60% en seis años.
Una factura que supera los 100.000 millones de libras
Sin contar la sanidad, Reino Unido gastará este año más de 100.000 millones de libras en prestaciones para personas enfermas o con discapacidad. La cantidad supera aproximadamente en un tercio el presupuesto de defensa.
El gasto aumentó un 25% en cuatro años. Las previsiones fiscales del Gobierno citadas en la publicación estiman que podría alcanzar los 130.000 millones de libras durante los próximos cuatro años.
La evolución añade presión a unas finanzas que también afrontan mayores costes por el envejecimiento, la defensa y los intereses de la deuda. El débil crecimiento económico dificulta ampliar los ingresos al mismo ritmo.
Las solicitudes vinculadas a salud mental ganan peso
El reportaje señala que muchas solicitudes recientes están relacionadas con depresión, ansiedad y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros problemas de salud mental.
Entre 2017 y 2025, las solicitudes vinculadas al cáncer se duplicaron, mientras que las relacionadas con problemas psiquiátricos se cuadruplicaron, según los datos citados.
Ese cambio plantea desafíos para la evaluación de necesidades y la organización del sistema. El aumento de solicitudes no demuestra por sí mismo que exista fraude, aunque la publicación recoge críticas sobre los criterios de acceso y su supervisión.
La prestación PIP no exige estar desempleado
El sistema británico incluye diferentes programas. Algunos atienden a quienes no pueden trabajar por motivos de salud; otros, como la prestación por independencia personal, conocida como PIP, ayudan a cubrir costes asociados a una enfermedad o discapacidad.
La PIP puede ser recibida por personas que trabajan o están desempleadas y no se limita a quienes tienen bajos ingresos. Por eso, cobrar esta prestación no equivale necesariamente a estar fuera del mercado laboral.
La dependencia de las ayudas también varía según la zona. En Walton, Liverpool, aproximadamente uno de cada cinco residentes en edad laboral recibe PIP, de acuerdo con las cifras recogidas.
El programa de movilidad concentra parte del debate
Los beneficiarios que cumplen los requisitos de movilidad pueden destinar parte de su prestación al arrendamiento de un vehículo mediante Motability. El esquema permite cambiar de coche cada tres años e incluye seguro, mantenimiento e impuestos de circulación.
Según el reportaje, 860.000 personas tenían un vehículo de este programa el año pasado. Su peso representa aproximadamente una de cada siete ventas de coches nuevos en Reino Unido.
La publicación también recoge un caso de condena por fraude y cuestionamientos sobre el acceso a modelos de lujo. El sistema se endureció tras las críticas, aunque ese caso individual no permite generalizar sobre todos sus usuarios.
El empleo de los beneficiarios preocupa al Gobierno
Según los datos gubernamentales citados, alrededor del 40% de los nuevos solicitantes de PIP trabaja, una proporción que baja al 25% después de dos años.
Las autoridades observan esa evolución con preocupación por una posible dependencia prolongada de las prestaciones. Sin embargo, esas cifras no explican por sí solas por qué las personas dejan de trabajar ni cuánto influye su estado de salud.
El debate también está atravesado por el estancamiento salarial y el aumento de los precios. El reportaje describe cómo las ayudas han adquirido un peso importante en las finanzas de numerosos hogares.
Reformar las ayudas encuentra resistencia política
En 2025, Keir Starmer planteó endurecer los requisitos de acceso a las prestaciones por enfermedad y discapacidad. El objetivo anunciado era ahorrar 5.000 millones de libras anuales para 2030.
La propuesta provocó una fuerte reacción y resistencia dentro del Partido Laborista, que llevó al Gobierno a abandonar los recortes planteados.
El intento mostró la dificultad de reducir el gasto sin generar rechazo entre beneficiarios y representantes políticos. Reino Unido mantiene abierto el desafío de financiar las prestaciones, evaluar las necesidades de quienes las solicitan y preservar la protección de las personas que dependen de ellas.
Fuente: elEconomista.es
