Bajo el argumento de una necesaria «adaptación organizativa», la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado una profunda purga administrativa dentro del aparato estatal. A través del Decreto 5.248, se ha oficializado la supresión de siete entes públicos, una medida que impacta directamente en estructuras creadas tanto por Hugo Chávez como por Nicolás Maduro, este último recientemente capturado y bajo custodia en Estados Unidos.
El desmantelamiento de los organismos de control y seguridad
Uno de los cierres más significativos es el del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). Fundado por Maduro en 2013, este organismo tenía la ambiciosa (y a menudo criticada) tarea de centralizar y evaluar información sobre «actividad enemiga», funcionando como un eje de inteligencia política. Su disolución marca un cambio de rumbo en cómo la nueva administración pretende manejar la seguridad estratégica.
Junto al CESPPA, otras tres fundaciones creadas durante el mandato de Maduro han sido sentenciadas a desaparecer:
- Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz: Sus funciones de vigilancia fronteriza contra el narcotráfico y paramilitarismo serán transferidas a la Cancillería.
- Fundación Movimiento Bolivariano de la Reserva Activa: Un brazo de movilización de militares retirados.
- Misión Jóvenes de la Patria «Robert Serra»: Enfocada en el activismo juvenil oficialista.
Impacto en el legado histórico: De Chávez a Lusinchi
La reestructuración no se limita a la era de Maduro. Rodríguez también ha incluido en la lista de liquidación a instituciones emblemáticas del chavismo temprano, como la Fundación Propatria 2000 y la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ambas pilares de la gestión de infraestructura de Hugo Chávez.
Incluso la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), cuya creación data de 1986 durante el periodo democrático de Jaime Lusinchi y que fue asimilada por el chavismo para el tratamiento de adicciones, entrará en el proceso de liquidación de 90 días.
Justificación oficial y reacción política
Según el decreto, el Ejecutivo busca «satisfacer los intereses colectivos» mediante una estructura más eficiente. No obstante, este movimiento es visto por analistas y por la oposición como un intento de Delcy Rodríguez por consolidar su poder personal y desvincularse de las figuras del pasado inmediato.
Desde el partido Primero Justicia, han calificado esta acción como un «desmantelamiento del chavismo por el propio chavismo». La dirigencia opositora ha exigido transparencia total en el proceso de liquidación, advirtiendo que estos cambios no deben ser meramente cosméticos para simular una reconciliación nacional, sino que deben responder a una rendición de cuentas real sobre los fondos manejados por dichos entes.
Fuentes
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela: http://www.minci.gob.ve/category/gestion/gaceta-oficial/ (Para verificar el Decreto 5.248).
- EFE Noticias: https://www.efe.com/efe/america/venezuela/ (Reportajes sobre la transición de mando y captura de figuras clave).
- Transparencia Venezuela: https://transparencia.org.ve/ (Análisis sobre la opacidad y cierre de misiones sociales).
- El Nacional (Venezuela): https://www.elnacional.com/ (Seguimiento de las reacciones de los partidos políticos como Primero Justicia).
