Presidente Donald Trump solicita a jueza federal rechazar intento de Minnesota de frenar ofensiva migratoria
La disputa legal entre el Gobierno federal y Minnesota se intensifica
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, solicitó este lunes a una jueza federal que desestime la petición de los líderes de Minnesota, así como de las ciudades de Minneapolis y St. Paul, para bloquear la ofensiva migratoria federal ordenada por el presidente. La administración federal argumenta que permitir que el estado detenga estas operaciones constituiría un “veto estatal sobre la aplicación de la ley federal”, lo que socavaría la supremacía de la legislación nacional.
La demanda de Minnesota y las ciudades afectadas alega que la ofensiva migratoria constituye una violación de la Décima Enmienda, que protege los poderes de los estados, y describen el despliegue de agentes federales como una “invasión federal” que genera miedo y confusión en la comunidad. Esta medida se suma a acciones legales similares presentadas por Illinois y Chicago, que denuncian tácticas de intimidación y violaciones de derechos civiles por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Argumentos del Gobierno federal
En la presentación ante la jueza, la administración de Trump calificó la demanda de “absurda” y señaló que impedir la aplicación de las leyes federales en un estado sienta un precedente peligroso, ya que permitiría que cualquier entidad local bloquee decisiones del Gobierno nacional. Además, el Departamento de Justicia enfatizó que la Constitución otorga al Gobierno federal amplias facultades para hacer cumplir las leyes de inmigración según lo considere conveniente.
La administración también anunció que apelará una orden previa de otro juez federal que limita la actuación de los agentes frente a manifestaciones pacíficas en Minnesota, mientras continúan las protestas en Minneapolis y St. Paul. La orden prohíbe el uso de medidas de control de multitudes contra manifestantes pacíficos y detenciones sin causa justificada.
Contexto de protestas y tensión social
La controversia se intensificó tras el tiroteo fatal de Renee Good, ocurrido en Minneapolis, que involucró a un agente de ICE. El hecho provocó manifestaciones masivas y un incremento de la vigilancia federal, incluyendo la preparación de tropas del Pentágono y la movilización de la Guardia Nacional de Minnesota.
El domingo 19 de enero, un grupo de manifestantes irrumpió en una iglesia en St. Paul donde uno de los pastores es un alto funcionario de ICE. El servicio religioso fue interrumpido, y las autoridades federales iniciaron investigaciones sobre la posible profanación de un lugar de culto y obstrucción a las operaciones federales. Entre los presentes se encontraba el periodista Don Lemon, cuya participación está siendo evaluada en el contexto de la investigación.
El presidente Trump calificó a los manifestantes como “agitadores e insurrectos” y afirmó en su plataforma Truth Social que deberían ser encarcelados o expulsados del país, aumentando la tensión política y mediática en la región.
Cronología legal y judicial
- Semana anterior: Minnesota, Minneapolis y St. Paul presentan la demanda para frenar la ofensiva migratoria federal.
- Viernes pasado: Un juez federal emite una orden limitando la actuación de los agentes federales frente a manifestantes pacíficos.
- Lunes 20 de enero: El Departamento de Justicia solicita a la jueza Katherine Menendez que desestime la demanda y permita continuar las redadas de ICE.
- Próximos días: Los abogados de Minnesota tienen plazo hasta el jueves para responder a la solicitud del Gobierno federal.
La jueza Menendez señaló que la demanda plantea cuestiones constitucionales novedosas y se comprometió a considerar la solicitud de Minnesota de forma acelerada, pero aún no emitió un fallo definitivo.
Repercusiones nacionales
El enfrentamiento entre el Gobierno federal, bajo el presidente Donald Trump, y Minnesota marca un nuevo capítulo en el debate sobre el poder de los estados frente a la autoridad federal en materia de inmigración. Analistas legales señalan que el resultado de este caso podría sentar precedentes significativos sobre hasta qué punto los estados pueden limitar la aplicación de leyes federales en su territorio.
Mientras tanto, las protestas continúan, con manifestantes que exigen respeto a los derechos civiles y mayor rendición de cuentas de las autoridades federales. La situación ha generado alarma entre líderes locales, comunidades religiosas y defensores de derechos humanos, que denuncian intimidación y uso excesivo de la fuerza.
