El Congreso Nacional puso fin al mandato presidencial de Santiago Peña este viernes 6 de noviembre de 2026. Según informó Última Hora, la Cámara de Senadores votó por unanimidad a favor de su destitución, luego de un juicio político impulsado por el escándalo financiero de Ueno Bank. La decisión se produce en medio de una profunda crisis institucional, incertidumbre económica y reclamos de miles de ahorristas.
Paraguay atraviesa una jornada de enorme trascendencia política. El presidente Santiago Peña fue destituido de su cargo mediante un juicio político desarrollado en el Congreso Nacional, según la información publicada por Última Hora a las 18:58 de este viernes.
La decisión del Senado representa el desenlace de una crisis que comenzó con la resolución de Ueno Bank y que rápidamente adquirió dimensiones económicas, judiciales y políticas.
El procedimiento parlamentario estuvo marcado por cuestionamientos relacionados con los recursos públicos comprometidos en la entidad financiera, el funcionamiento de los mecanismos de supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP) y posibles conflictos de intereses vinculados con el Poder Ejecutivo.
La destitución se produjo pese a que Peña había presentado previamente su renuncia a la Presidencia de la República. El Congreso, sin embargo, decidió continuar con el juicio político para determinar las responsabilidades políticas atribuidas al mandatario.
El Senado votó por unanimidad a favor de la destitución
De acuerdo con la información difundida por Última Hora, la Cámara de Senadores declaró la responsabilidad política de Santiago Peña y resolvió separarlo definitivamente de la Presidencia de la República.
La decisión fue adoptada por unanimidad, según el reporte periodístico, después de que la Cámara de Diputados impulsara la acusación constitucional.
La votación constituye el paso definitivo del procedimiento de juicio político, mediante el cual el Senado actúa como tribunal encargado de determinar si corresponde destituir a una autoridad acusada de mal desempeño de sus funciones u otras causales previstas constitucionalmente.
La Constitución paraguaya establece que la destitución presidencial requiere el voto favorable de dos tercios de los integrantes del Senado, es decir, al menos 30 de los 45 senadores.
La información proporcionada señala que la decisión fue unánime, aunque no precisa el número exacto de legisladores presentes durante la votación.
La crisis de Ueno Bank desencadenó el proceso político
La destitución presidencial está directamente relacionada con las consecuencias institucionales de la crisis financiera de Ueno Bank.
El procedimiento de resolución de la entidad bancaria generó preocupación entre los clientes, especialmente entre quienes enfrentaron dificultades para acceder a sus depósitos.
Las investigaciones posteriores también alcanzaron a directivos del banco y a personas vinculadas con empresas relacionadas con las operaciones bajo investigación.
El Ministerio Público formuló imputaciones contra 27 personas, mientras que seis directivos fueron sometidos a prisión preventiva.
Paralelamente, surgieron cuestionamientos sobre el funcionamiento de los controles bancarios, la administración de recursos públicos y las relaciones entre autoridades gubernamentales y actores del sector financiero.
Estos antecedentes formaron parte del escenario que llevó a la Cámara de Diputados a promover el juicio político contra el presidente.
Peña había presentado su renuncia, pero el Congreso continuó el juicio
Uno de los acontecimientos más relevantes de la crisis fue la presentación de la renuncia presidencial antes de que concluyera el procedimiento parlamentario.
Sin embargo, el Congreso no puso fin al juicio político.
Según la información difundida, los legisladores consideraron que la renuncia no debía impedir que se examinaran las responsabilidades políticas atribuidas al jefe de Estado.
De esta manera, el proceso continuó hasta llegar a la votación definitiva del Senado.
La decisión de avanzar con el juicio, pese a la renuncia presentada, convirtió el procedimiento en uno de los episodios más significativos de la actual crisis política paraguaya.
La defensa cuestionó las acusaciones y negó pruebas directas
Durante la jornada, los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro ejercieron la defensa del mandatario ante la Cámara de Senadores.
Preda sostuvo que el libelo acusatorio se apoyaba principalmente en indicios y no presentaba pruebas directas que demostraran una intervención personal de Peña en las presuntas irregularidades de Ueno Bank.
El abogado también defendió la actuación del Banco Central y cuestionó que se responsabilizara exclusivamente al presidente por la designación de Carlos Carvallo como titular de la institución.
Recordó que el nombramiento había recibido el acuerdo del Senado y argumentó que Peña había dejado de tener participación accionaria relacionada con la entidad financiera en abril de 2025.
Estos argumentos formaron parte de la defensa política y jurídica del mandatario, aunque no impidieron el resultado final informado por el medio.
Peña no asistió personalmente al juicio político
Pese a haber anunciado anteriormente su disposición a comparecer y defenderse, Santiago Peña no acudió personalmente a la sesión en la que se desarrolló el juicio político, según el reporte de Última Hora.
En su representación participaron sus abogados defensores, quienes presentaron los argumentos destinados a cuestionar las acusaciones formuladas por los diputados.
Durante la mañana, el Senado había rechazado una solicitud presidencial para disponer de 72 horas adicionales de preparación.
Posteriormente, los legisladores continuaron con el procedimiento hasta llegar a la votación que determinó la destitución.
Un mensaje de despedida antes de la decisión final
Horas antes de conocerse el resultado, Santiago Peña publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se despedía “con gratitud”.
En su pronunciamiento, también llamó a reconstruir el país y fortalecer la institucionalidad paraguaya.
El mensaje fue difundido mientras el Senado avanzaba hacia las últimas etapas del juicio político, por lo que adquirió especial relevancia ante la posibilidad de que el mandatario perdiera su cargo.
La publicación reflejó un cambio de tono respecto de las intervenciones anteriores de Peña, quien había manifestado su intención de ejercer su defensa frente a las acusaciones.
¿Qué ocurre ahora con la Presidencia del Paraguay?
La destitución de un presidente activa los mecanismos de sucesión establecidos en la Constitución Nacional.
El artículo 234 establece que, ante una vacancia definitiva de la Presidencia, corresponde al vicepresidente de la República asumir la titularidad del Poder Ejecutivo.
En este caso, la línea constitucional de sucesión señala al vicepresidente Pedro Alliana como la autoridad llamada a asumir la Presidencia, siempre que no exista otro impedimento jurídico o institucional.
La información proporcionada no confirma todavía la realización de una ceremonia de asunción ni el momento en que se concretaría formalmente el traspaso del mando.
La continuidad institucional y las decisiones que adopten las autoridades competentes serán fundamentales para el desarrollo de la nueva etapa política.
Un país frente a la incertidumbre económica e institucional
La salida de Santiago Peña se produce en un escenario complejo para Paraguay.
La crisis de Ueno Bank continúa generando preocupación entre ahorristas, comerciantes y distintos sectores productivos, mientras avanzan las investigaciones destinadas a determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades financieras.
La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) también advirtió sobre fuertes pérdidas comerciales y dificultades que amenazan la continuidad de algunos establecimientos.
En este contexto, la transición presidencial plantea desafíos relacionados con la estabilidad institucional, la recuperación de la confianza en el sistema financiero y la atención a los ciudadanos afectados por la crisis bancaria.
La destitución de Peña representa un acontecimiento político de gran magnitud, pero no supone por sí sola una solución inmediata a los problemas económicos y judiciales que desencadenaron la crisis.
El país ingresa así en una nueva etapa, con la atención puesta en la sucesión constitucional, las investigaciones en curso y las medidas necesarias para recuperar la estabilidad.
