El gobierno panameño endurece su discurso diplomático y advierte que cualquier transición política en el país sudamericano debe fundamentarse en el respeto absoluto a los resultados electorales del pasado 28 de julio.

En una reciente y determinante sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Panamá ha dejado clara su posición respecto a la crisis política que atraviesa Venezuela. A través de su representante permanente, la embajadora Ana Irene Delgado, el país centroamericano sostuvo que ignorar la decisión soberana del pueblo venezolano no solo es un error político, sino un acto que equivale a validar formalmente el fraude electoral y normalizar prácticas autoritarias en la región.

Un llamado a la legitimidad democrática

Para la diplomacia panameña, la estabilidad de Venezuela y, por extensión, la de la región, depende de la recuperación de la confianza en las instituciones. Durante su intervención, Delgado subrayó que las elecciones libres son la única fuente de legitimidad democrática. En este sentido, Panamá argumenta que el reconocimiento de los resultados presentados por el oficialismo sin una auditoría transparente y el acceso a las actas detalladas constituye una afrenta a los principios fundamentales de la Carta Democrática Interamericana.

El contexto de una crisis en escalada

Esta postura de Panamá no es aislada. Se produce en un momento de altísima tensión donde diversos organismos internacionales y países de la región han cuestionado la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Fuentes diplomáticas señalan que Panamá busca liderar un bloque de naciones que exigen una «salida pacífica, democrática y liderada por los propios venezolanos», pero con el acompañamiento crítico y responsable de la comunidad internacional.

La situación se ha vuelto aún más compleja tras los eventos recientes de enero de 2025, donde se ha cuestionado la juramentación de figuras del oficialismo para nuevos periodos sin el reconocimiento de la oposición ni de una parte considerable de la comunidad internacional. Panamá ha reiterado que «no habrá transición real» si el punto de partida es el desconocimiento de lo expresado en las urnas.

Defensa de los derechos humanos y ciudadanos

Además de la cuestión electoral, la representación panameña ante la OEA y otros organismos como la ONU ha aprovechado el espacio para denunciar la persecución política y exigir la liberación de ciudadanos detenidos injustamente, incluyendo casos que involucran a nacionales panameños en territorio venezolano. La defensa de la voluntad popular, según Panamá, está intrínsecamente ligada a la protección de los derechos civiles y políticos que hoy se encuentran bajo asedio en el país suramericano.

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