La Propuesta Representa un Incremento de $41.1 Millones Respecto al Período Anterior, Buscando Fortalecer la Administración de Justicia

El Órgano Judicial de El Salvador, que engloba a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Instituto de Medicina Legal (IML), y todos los juzgados, tribunales y cámaras del país, ha presentado formalmente su solicitud presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026, ascendiendo a un total de $533.4 millones.

Esta cifra, que supera en $41.1 millones el presupuesto aprobado para el año 2025, es considerada por las autoridades judiciales como un monto indispensable para garantizar el funcionamiento operativo, la estabilidad del personal y la continuidad de proyectos de modernización institucional.

El requerimiento se fundamenta en la necesidad de asegurar la independencia y el correcto desempeño de las funciones judiciales, y se encuentra en línea con el mandato constitucional salvadoreño.

Distribución del Gasto y Prioridades de Inversión

El detalle de la asignación propuesta por la CSJ subraya un esfuerzo concentrado en áreas clave para la operatividad y la mejora del sistema de justicia.

Administración y Proyectos Estratégicos: La mayor parte de los recursos adicionales se dirigen a fortalecer las estructuras administrativas y físicas. Se prevé un aumento de $13 millones para la Dirección y Administración Institucional, y $11 millones adicionales serán destinados a la inversión en Infraestructura Física, lo que sugiere la continuación o inicio de nuevos proyectos de construcción y equipamiento de centros judiciales. Además, se han solicitado $9 millones más para el área de Administración de Justicia y $1.3 millones para Asuntos Jurídicos.

Personal y Estabilidad Salarial: Un componente crucial del presupuesto es el destinado a salarios y remuneraciones. La Corte ha asignado $220.9 millones para financiar un total de 11,761 plazas, manteniendo la misma cifra de puestos que en 2025. Esto demuestra un enfoque en la estabilidad laboral de los colaboradores del sistema judicial, donde una porción significativa del gasto corriente se destina al pago de remuneraciones, tal como sucedió con el presupuesto de 2025, donde más del 60% se destinó a este rubro.

Reducción en Medicina Legal: Un punto notable en la propuesta es que el Instituto de Medicina Legal (IML), una dependencia clave del Órgano Judicial, será la única que experimentará una reducción en su asignación de recursos, con un recorte de $5.5 millones respecto al año anterior. La justificación de esta reducción no se ha detallado completamente, pero contrasta con el incremento general solicitado para el resto de la estructura judicial.

Contexto Legal y Defensa ante la Asamblea Legislativa

La solicitud de $533.4 millones para el Órgano Judicial se presenta en el marco de la formulación del Presupuesto General de la Nación para 2026. Este proceso implica que cada entidad del Estado debe defender su requerimiento ante la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

El presidente de la CSJ, Henry Mejía, ha sido programado para reunirse con la Comisión de Hacienda en las próximas semanas, donde deberá exponer detalladamente el uso proyectado de los $41.1 millones adicionales solicitados.

El Mandato Constitucional del 6%: Un factor clave que legitima el monto solicitado es el Artículo 182 de la Constitución de la República, el cual establece que el Órgano Judicial debe recibir al menos el 6% de los ingresos corrientes del Estado. Los $533.4 millones solicitados equivalen a ese porcentaje, lo que refuerza la postura institucional de la CSJ al adherirse a lo estipulado por la Carta Magna.

En contraste, el presupuesto de 2025 fue de $485.7 millones, lo que subraya la tendencia de crecimiento anual en la asignación de recursos para el sistema de justicia, en un contexto donde otras instituciones gubernamentales también han presentado sus propias solicitudes de aumento o, en algunos casos, recortes.

La aprobación final de este presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa determinará la capacidad del Órgano Judicial para ejecutar sus planes de modernización, asegurar la estabilidad de su personal y mejorar la calidad de la administración de justicia a nivel nacional durante el año 2026.

Fuentes

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