Nueva York y otros 21 estados demandan a Trump por la regla de carga pública
La coalición sostiene que la nueva regulación permite considerar programas como Medicaid, SNAP y ayudas para la vivienda al evaluar determinadas solicitudes migratorias. La medida está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre de 2026.
Nueva York y otros 21 estados presentaron una demanda para bloquear una nueva medida migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. El Distrito de Columbia también integra la coalición.
La regulación permitiría que funcionarios federales nieguen determinadas visas, residencias permanentes e incluso el ingreso a Estados Unidos si consideran que una persona podría depender de ciertos beneficios públicos.
Los demandantes buscan que los tribunales suspendan la norma antes de su entrada en vigor, prevista para el viernes 18 de septiembre de 2026.
Qué establece la regla de carga pública
La disputa gira alrededor de la denominada regla de carga pública, utilizada por el Gobierno federal para evaluar si una persona podría depender de la asistencia estatal.
La nueva regulación amplía los programas que los funcionarios migratorios pueden considerar al analizar determinadas solicitudes de visa o residencia permanente.
Entre los beneficios mencionados se encuentran Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, y los vales de vivienda.
Los estados advierten sobre el miedo
Los gobiernos demandantes sostienen que la amplitud y ambigüedad de la medida podrían generar temor entre las comunidades inmigrantes.
Familias legalmente elegibles podrían abandonar programas de salud, alimentación y vivienda por miedo a perjudicar sus trámites migratorios o los de algún integrante del hogar.
La demanda advierte que esta situación también podría afectar a familias mixtas, conformadas por inmigrantes y niños con ciudadanía estadounidense.
Nueva York encabezó el anuncio
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general estatal, Letitia James, anunciaron la presentación de la demanda durante una conferencia de prensa.
Mamdani afirmó que la regulación afectaría especialmente a Nueva York debido a la importancia de las comunidades inmigrantes para su población, sus servicios y su economía.
El alcalde señaló que la incertidumbre ya estaría llevando a algunas familias a considerar la posibilidad de renunciar a beneficios esenciales.
Recomiendan no cancelar las ayudas
Las autoridades pidieron a los inmigrantes que no abandonen sus beneficios públicos únicamente por temor a las posibles consecuencias de la nueva regulación.
Mamdani recomendó a quienes reciben SNAP, Medicaid, WIC, TANF o ayudas para la vivienda que consulten primero con un proveedor de servicios legales de confianza.
La situación de cada persona puede ser diferente, por lo que cualquier decisión sobre los beneficios o un trámite migratorio debería tomarse después de recibir asesoramiento especializado.
Los integrantes de la coalición
La demanda reúne a Nueva York, California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.
El Distrito de Columbia también participa en la ofensiva judicial contra la administración federal.
La coalición busca demostrar que la norma podría perjudicar los servicios públicos y provocar pérdidas económicas para los gobiernos estatales.
Ciudades y condados preparan otra impugnación
La ofensiva legal también incluye a gobiernos municipales y autoridades de diferentes condados.
Nueva York encabeza una impugnación paralela junto con Chicago, San Francisco, Seattle y los condados de Santa Clara y King.
La estrategia busca cuestionar la regulación desde distintos niveles de gobierno debido a sus posibles consecuencias sobre hospitales, escuelas, comercios y sistemas locales de asistencia.
Posible impacto económico
Los estados argumentan que una reducción en el uso de beneficios públicos disminuiría los recursos federales que reciben para financiar diferentes programas sociales.
Si las familias abandonan sus seguros médicos, podrían retrasar la atención hasta necesitar servicios de emergencia, generalmente más costosos para los hospitales y gobiernos locales.
Una menor participación en los programas alimentarios también podría reducir el consumo en supermercados, tiendas y pequeños negocios de las comunidades afectadas.
Riesgos para la alimentación escolar
Letitia James advirtió que la disminución de inscripciones en Medicaid y SNAP también podría afectar el acceso automático de algunos estudiantes a programas de alimentación escolar.
La fiscal general sostuvo que las familias no deberían verse obligadas a elegir entre recibir alimentos, atención médica o asistencia para la vivienda y continuar con sus trámites migratorios.
También acusó a la administración Trump de exceder las facultades concedidas por la legislación federal de inmigración.
Una batalla que comenzó en 2019
Nueva York ya participó en una demanda contra una ampliación de la regla de carga pública durante la primera administración de Trump.
James recordó que aquella impugnación permitió bloquear la medida promovida en 2019 y afirmó que el estado volverá a utilizar los tribunales para enfrentar la nueva regulación.
Según la fiscal, la versión actual es todavía más amplia y concede una mayor discrecionalidad a los funcionarios encargados de evaluar las solicitudes migratorias.
Los tribunales tendrán la última palabra
La coalición solicita una intervención judicial antes de que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse.
El caso podría convertirse en otra extensa batalla entre el Gobierno federal y los estados por el alcance de las facultades presidenciales en materia migratoria.
Mientras se conoce la decisión de los tribunales, las autoridades recomiendan a las familias inmigrantes informarse mediante fuentes oficiales y buscar orientación legal antes de modificar sus beneficios públicos.
Fuente: UNIVISION
