La ciudad de Nueva York ha implementado cambios en su política de vivienda, lo que podría resultar en la negación de recursos de vivienda de emergencia para algunos migrantes irregulares, como parte de un acuerdo con activistas.

Según el nuevo acuerdo, los migrantes tendrán derecho a 30 días de servicios de vivienda al ingresar al sistema de ayuda de la ciudad, pero posteriormente podrían ser rechazados, a menos que demuestren circunstancias atenuantes que requieran más tiempo en refugio.

El alcalde Eric Adams destacó que este acuerdo busca equilibrar la necesidad de ayudar a los necesitados con la capacidad de la ciudad para gestionar la crisis migratoria actual.

A pesar de la restricción en el «derecho a la vivienda», se espera que las autoridades de vivienda proporcionen ayuda procesal y material durante el período inicial de vivienda otorgada, incluyendo la búsqueda de alojamiento permanente y reuniones con abogados de inmigración.

El cambio en la política se produce en medio de una preocupante inmigración irregular a la ciudad de Nueva York, lo que ha llevado a una presión considerable sobre la infraestructura de la ciudad y ha requerido medidas para estabilizar el sistema de refugio.