Los votantes de Missouri han aprobado una enmienda constitucional que exige que Kansas City destine al menos el 25% de su presupuesto a la policía, un aumento significativo respecto al 20% anterior. La decisión refuerza el control estatal sobre el departamento de policía de la ciudad, mientras los líderes locales argumentan que deberían tener la autoridad para decidir cómo utilizar los fondos de los impuestos.

En las elecciones del martes, los votantes de Missouri respaldaron una enmienda constitucional que incrementa el porcentaje del presupuesto municipal que Kansas City debe destinar a su departamento de policía. La medida, que ahora exige que al menos el 25% del presupuesto municipal se asigne a la policía, fue aprobada por aproximadamente el 51% de los votantes, en comparación con el 63% que la apoyó en 2022. Esta votación refleja la persistente tensión entre los líderes estatales republicanos, que abogan por una mayor financiación policial, y los líderes locales de Kansas City, que consideran que la decisión sobre cómo gastar el dinero de los impuestos debería ser de la ciudad.

Antecedentes históricos y control estatal del departamento de policía
Kansas City es única en Missouri, y una de las pocas ciudades en Estados Unidos, donde el departamento de policía no está bajo control local. En su lugar, una junta estatal supervisa sus operaciones, incluida la asignación presupuestaria. Esta situación tiene raíces históricas que se remontan a más de un siglo. Durante la Guerra Civil, en 1861, el gobernador de Missouri, Claiborne Fox Jackson, convenció a la legislatura para que aprobara una ley que otorgara al estado el control del departamento de policía de San Luis, un control que se mantuvo hasta 2013. En el caso de Kansas City, el estado asumió el control del departamento de policía desde 1874 hasta 1932, cuando la Corte Suprema de Missouri lo declaró inconstitucional. No obstante, el estado recuperó el control en 1939, debido en parte a la corrupción durante la administración del político Tom Pendergast.

Reacciones locales y estatales ante la enmienda
El senador estatal republicano Tony Luetkemeyer celebró la aprobación de la enmienda como una muestra de apoyo a la policía, afirmando en la plataforma social X que «en Missouri, defendemos a nuestra policía». Por su parte, los líderes de Kansas City han negado que existiera alguna intención de «desfinanciar» a la policía, pero expresaron su preocupación por la falta de control local sobre el departamento. Gwen Grant, presidenta de la Liga Urbana de la Gran Ciudad de Kansas, calificó la situación como un «importante problema de control local», subrayando que, aunque la ciudad está obligada a financiar el departamento de policía, no tiene voz en su gestión.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, insinuó la posibilidad de introducir una enmienda rival que promueva el control local en todas las comunidades de Missouri, una medida que podría generar un nuevo enfrentamiento entre las autoridades locales y estatales.

Debate sobre la financiación y el control de la policía
El debate sobre la financiación y el control de la policía en Kansas City no es nuevo. En 2021, Lucas y otros líderes locales intentaron sin éxito reasignar una parte del presupuesto policial a programas de servicios sociales y prevención del delito, una medida que los legisladores republicanos consideraron como un intento de «desfinanciar» a la policía en una ciudad con una alta tasa de delitos violentos.

Lora McDonald, directora ejecutiva de la Organización Metropolitana para la Equidad Racial y Económica (MORE2), destacó que estas luchas por el control policial y la asignación de fondos reflejan problemas más profundos de racismo y desigualdad que persisten en las leyes y políticas en todo Estados Unidos.

Conclusión y perspectivas futuras
La aprobación de esta enmienda constitucional en Missouri subraya las continuas tensiones entre el control estatal y la autonomía local en cuestiones de seguridad pública. Mientras los votantes han optado por aumentar la financiación policial, el debate sobre quién debería controlar y gestionar estos fondos probablemente continuará, especialmente en un contexto de creciente escrutinio sobre las prácticas policiales y la necesidad de abordar la equidad racial y económica en la aplicación de la ley.