México afirma que la Asamblea de la ONU no prevé nuevas acciones por las desapariciones
El Gobierno mexicano sostuvo que ningún Estado promovió una resolución tras la misión diplomática realizada en Nueva York. El Comité contra la Desaparición Forzada, en cambio, plantea que corresponde a la Asamblea General valorar opciones de cooperación.
El Gobierno de México aseguró que no se prevén nuevas acciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las desapariciones en el país, después de una misión diplomática realizada en Nueva York entre el 14 y el 21 de octubre. Las autoridades sostuvieron que ningún Estado miembro promovió una resolución o un procedimiento adicional.
La afirmación fue presentada conjuntamente por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, que también reiteraron su desacuerdo con las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada, CED. Ese organismo mantiene que corresponde a la Asamblea considerar opciones de cooperación internacional para México.
Las dos posiciones siguen sin coincidir. La ausencia de una iniciativa en curso, según el Gobierno mexicano, no equivale a una resolución de la Asamblea que descarte cualquier actuación futura.
El Gobierno sostiene que no hay un procedimiento adicional
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, afirmó que ningún Estado miembro impulsó una acción o resolución sobre México ante la Asamblea General.
Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, señaló que las representaciones escucharon al presidente del Comité, pero sostuvo que ningún país coincidió con su interpretación.
Con base en esa evaluación, Ochoa manifestó que no se prevé una actuación posterior de la Asamblea. También aseguró que México continuará colaborando con el CED, respondiendo solicitudes de información y presentando informes periódicos.
Qué mecanismo activó el Comité
El artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas permite al Comité llevar un asunto ante la Asamblea General cuando recibe indicios bien fundados de una práctica generalizada o sistemática en un Estado parte, según explica el artículo.
El procedimiento fue activado para México en 2025 y recibió el rechazo público del Gobierno mexicano en abril de ese año. México había ratificado la Convención en 2008.
El 2 de abril de 2026, el CED publicó una decisión en la que concluyó que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. La publicación señala que las decisiones adoptadas mediante este artículo no tienen carácter vinculante.
El CED fundamenta su posición en información reunida desde 2012
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, presentó el informe anual el 20 de octubre ante la Tercera Comisión de la Asamblea General.
Explicó que las conclusiones se apoyan en información proporcionada por el Estado mexicano, testimonios y aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, además de antecedentes reunidos desde 2012.
Albán reconoció los esfuerzos de las autoridades, pero señaló la ausencia de una política federal enfocada en este delito. También hizo referencia a un registro nacional que supera las 135.000 personas desaparecidas y no localizadas.
El presidente del CED describió el artículo 34 como un mecanismo preventivo de alerta, orientado a movilizar cooperación internacional. Desde esa perspectiva, planteó que corresponde a la Asamblea valorar alternativas de apoyo.
México rechaza la interpretación y defiende su actuación
Medina Padilla calificó el desacuerdo con el Comité como jurídico y sustantivo. Reiteró que México no consiente ni tolera la desaparición de personas y reconoció el sufrimiento de las familias.
La delegación presentó el 16 de octubre los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda, que, según el Gobierno, contribuyó a localizar a más de 16.000 personas durante 2026.
Prevención digital y atención a las familias
En materia de prevención, las autoridades informaron la baja de 1.406 contenidos y perfiles digitales, además de 613 publicaciones vinculadas con posible reclutamiento ilícito.
También reportaron 13.750 atenciones y reuniones con familias y colectivos. El Gobierno sostuvo que todos los nuevos reportes incorporados al Registro Nacional cuentan con una carpeta de investigación.
Según la exposición oficial, especialistas nacionales e internacionales, con acompañamiento de ONU-DH, revisan científicamente las metodologías del registro.
Estas acciones fueron presentadas como parte de la respuesta institucional, mientras el Comité mantiene sus observaciones sobre la magnitud y las características del problema.
Trece reuniones bilaterales durante la misión en Nueva York
La delegación mexicana sostuvo encuentros con representantes de Alemania, Australia, Brasil, Costa Rica, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y Uruguay.
De acuerdo con el Gobierno mexicano, esas delegaciones reconocieron sus avances en búsqueda y su liderazgo regional en derechos humanos. Esa valoración fue comunicada por las autoridades de México.
Con ONU-DH y el Fondo de Población de Naciones Unidas, se reafirmó la disposición de ampliar la asistencia técnica en búsqueda e identificación humana, incluido el procesamiento genético. También se mencionó la cooperación con países como Alemania, Noruega, España y Canadá.
México informó, además, que mantiene colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a sus recomendaciones.
Amnistía Internacional trasladó sus preocupaciones
La representante alterna de México ante Naciones Unidas, Jennifer Feller, escuchó las inquietudes de Amnistía Internacional sobre las desapariciones y el acompañamiento a las familias buscadoras.
La diplomática reiteró que los canales de interlocución permanecen abiertos.
Ese contacto se produjo dentro de una agenda en la que la delegación buscó explicar su posición, presentar resultados y mantener espacios de cooperación, pese al rechazo a las conclusiones del Comité.
Víctimas fueron retiradas durante la presentación
Durante la exposición del informe del CED, un grupo de víctimas fue retirado de la sala después de mostrar fotografías de sus familiares desaparecidos.
Albán calificó lo ocurrido como profundamente lamentable y subrayó que las familias merecen ser escuchadas.
El episodio puso nuevamente en primer plano a quienes esperan información sobre el paradero de sus seres queridos, más allá de las diferencias diplomáticas e institucionales.
El desacuerdo sobre los próximos pasos continúa
La misión mexicana estuvo integrada por funcionarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa.
Al concluir, Medina Padilla reiteró el compromiso del Gobierno con las personas desaparecidas y con las familias que esperan respuestas.
Por ahora, México sostiene que no hay nuevas iniciativas ante la Asamblea General, mientras el CED considera que ese órgano debe evaluar posibilidades de cooperación. La colaboración técnica continuará, pero no existe una posición coincidente sobre las conclusiones del Comité ni sobre el alcance del mecanismo activado.
Fuente: Infobae
