Liz Prieto denuncia que la “Mafia de los Pagarés” sigue operando y exige que el caso sea tratado como crimen organizado
La docente paraguaya habló desde Paraguay con Radio Tribuna de Nueva York y relató amenazas, embargos activos y presunta complicidad institucional
En una entrevista concedida a la periodista Francisca Segovia en Radio Tribuna, emisora paraguaya que transmite desde Nueva York, la docente Liz Prieto volvió a denunciar la gravedad del esquema delictivo conocido como la “Mafia de los Pagarés”, un sistema que —según afirma— continúa afectando a miles de trabajadores en Paraguay pese a las investigaciones en curso.
Prieto, quien se identifica como víctima directa del mecanismo fraudulento, aseguró que, si bien logró algunos avances en su situación personal, la estructura que permitió los embargos irregulares y descuentos compulsivos sigue activa, con expedientes retenidos y sin resoluciones definitivas.
Embargos, expedientes y una lucha que lleva años
La docente explicó que durante años enfrentó múltiples embargos derivados de pagarés que, según sostiene, ya habían sido cancelados. Señaló que llegó a tener 31 oficios judiciales en su contra, cifra que actualmente se redujo a 11, aunque todavía mantiene tres embargos activos.
Indicó además que logró retirar varios pagarés de juzgados y entidades involucradas, y que tiene cancelada una suma superior a 104 millones de guaraníes. Sin embargo, denunció que al verificar recientemente su certificado de trato de sueldo volvió a constatar descuentos vigentes.
“Es una lucha constante”, expresó, al tiempo de señalar que existen miles de expedientes que no avanzan o que, según dijo, permanecen bajo custodia sin ser remitidos al Ministerio Público.
Uno de los puntos que calificó como más graves es la existencia —según afirmó— de 10.000 expedientes vinculados a la empresa CARSA que no habrían sido puestos a disposición de las instancias investigativas correspondientes.
Denuncias de amenazas y amedrentamientos
Durante la entrevista, Prieto denunció que ha sido víctima de hostigamientos y amedrentamientos. Relató que personas desconocidas habrían permanecido estacionadas frente a su vivienda en un vehículo polarizado, situación que motivó una denuncia formal.
Aseguró que el temor y la presión forman parte del contexto que enfrentan quienes encabezan las denuncias públicas contra el esquema. “No somos delincuentes, somos víctimas”, remarcó.
Pedido de juicio político y acusaciones de inacción
En representación de una coordinadora de víctimas, Prieto reafirmó el pedido de juicio político contra ministros a quienes atribuyen inacción ante la magnitud del caso. Según sostuvo, existe una “complicidad sistemática” que permitió que el mecanismo operara durante años.
La docente criticó además el trato recibido en el Congreso Nacional, donde, según relató, las víctimas no pueden intervenir libremente en sesiones y se sienten vigiladas. Señaló que muchas personas afectadas provienen del interior del país, incluyendo docentes indígenas que —afirmó— llegan sin recursos económicos para reclamar por salarios retenidos.
Impacto social y denuncias de violaciones a derechos humanos
Prieto sostuvo que el impacto del esquema trasciende lo económico y afecta la salud emocional y la estabilidad de miles de familias. Mencionó casos de madres solteras, trabajadores públicos y personas con hijos con discapacidad que habrían sufrido descuentos prolongados.
También afirmó que existen funcionarios que se quitaron la vida en medio de la presión financiera, aunque estos casos deberán ser corroborados por las autoridades competentes.
La periodista Francisca Segovia respaldó públicamente la postura de que el caso podría constituir una vulneración a derechos humanos, al afectar el derecho al salario, a una vida digna y a la seguridad jurídica.
Investigación en curso y primeras imputaciones
Durante la entrevista se mencionó que algunas personas ya fueron imputadas y que una abogada, identificada como Zully Ortiz, se encuentra privada de libertad en el marco de la investigación.
No obstante, las víctimas sostienen que las responsabilidades deben llegar “hasta el último eslabón” de la cadena, incluyendo —según afirman— a quienes habrían diseñado y protegido el sistema.
Desde la coordinadora anunciaron que solicitarán a la Fiscalía que el caso sea investigado bajo la figura de crimen organizado, considerando la magnitud, la estructura y la presunta participación de múltiples actores del sistema judicial y comercial.
Repercusión internacional
La entrevista, realizada desde Nueva York, expone que el caso ya genera interés fuera del país. Segovia señaló que periodistas de otros países siguen la evolución de las investigaciones y que el tema podría escalar a instancias internacionales si no se obtienen respuestas claras dentro del Paraguay.
Mientras tanto, las víctimas aseguran que continuarán movilizándose ante juzgados y el Congreso Nacional, exigiendo el levantamiento total de embargos, la devolución del dinero descontado y sanciones ejemplares para los responsables.
