El Departamento de Justicia bajo la administración de Joe Biden ha emitido una orden que requiere que los líderes del sindicato de jueces de inmigración obtengan permiso de un supervisor antes de hablar con los medios, una medida que ha generado críticas de legisladores de ambos partidos. A pesar de la afirmación de Biden de ser el «presidente más pro-sindical», esta acción ha levantado preocupaciones sobre la transparencia en torno a la política fronteriza y la crisis en la frontera sur. Los jueces de inmigración, quienes deciden sobre la permanencia legal de los solicitantes de asilo en EE. UU., enfrentan una acumulación récord de más de 3 millones de casos y se consideran una fuente clave de información sobre la situación en los tribunales de inmigración.