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La Iglesia gana el juicio: ordenan el desahucio de las exmonjas de Belorado

Sentencia firme: la justicia avala el desalojo

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) ha emitido una sentencia favorable al Arzobispado de Burgos, ordenando el desahucio inmediato de las ocho exmonjas clarisas del monasterio de Santa Clara de Belorado. La resolución dispone que las religiosas deben dejar el inmueble “libre y expedito y a disposición del Arzobispado”, bajo apercibimiento de lanzamiento forzoso si no lo hacen voluntariamente.

La jueza también condena a las exreligiosas al pago de las costas judiciales del proceso. La resolución se da tras la vista celebrada el 29 de julio, en la que se debatió sobre la legitimidad de la ocupación del inmueble por parte de las exmonjas, quienes habían sido excomulgadas en 2024 tras romper con la Iglesia católica.

Origen del conflicto

En mayo de 2024, un grupo de monjas clarisas del monasterio de Belorado declaró públicamente su ruptura con la Iglesia católica, alegando que esta se había desviado del verdadero magisterio. Su adhesión al grupo sedevacantista de Pablo de Rojas motivó la excomunión decretada por el Vaticano. Desde entonces, las religiosas permanecieron en el convento, defendiendo su permanencia como comunidad autónoma y legalmente constituida al margen del derecho canónico.

El Arzobispado de Burgos, por su parte, asumió la administración canónica del monasterio y promovió la demanda de desahucio, argumentando que el convento pertenece a la comunidad religiosa reconocida por la Iglesia católica, de la cual estas mujeres ya no forman parte.

Argumentos enfrentados en el juicio

Las exmonjas defendieron su derecho a permanecer en el convento alegando libertad religiosa, una reorganización jurídica civil y el supuesto apoyo de fieles. También negaron el carácter eclesial de la propiedad del monasterio, presentándose como una comunidad con derechos sobre el inmueble.

El Arzobispado, en cambio, presentó documentación registral y catastral que prueba la titularidad del inmueble por parte de la comunidad eclesiástica legítimamente reconocida. Alegó que las religiosas, al abandonar la Iglesia, perdieron también cualquier derecho de uso sobre el edificio.

Fecha de lanzamiento y posibles recursos

Aunque no se ha fijado una fecha definitiva para el desalojo, fuentes judiciales han señalado el 12 de septiembre como fecha tentativa en caso de incumplimiento voluntario. Las exmonjas ya han anunciado que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial de Burgos, lo que podría retrasar la ejecución.

Mientras tanto, en el monasterio de Orduña (Bizkaia), donde residen otras cinco monjas mayores que no rompieron con Roma, la situación es tensa. Estas monjas también permanecen allí, pese al intento del Arzobispado de trasladarlas a otro lugar bajo su jurisdicción.

Un conflicto más allá de lo judicial

Este caso no solo pone de manifiesto un conflicto de propiedad, sino también una fractura interna dentro del mundo religioso, con implicancias legales, espirituales y sociales. Las exmonjas insisten en su derecho a actuar conforme a su conciencia religiosa, mientras la Iglesia insiste en que no se puede utilizar su patrimonio al margen de la obediencia canónica.

Fuentes consultadas:

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