La Fiscalía advierte que Marruecos dificulta la expulsión de ciudadanos con causas penales
La memoria anual de la Fiscalía General del Estado señala que Marruecos solamente acepta la repatriación cuando el interesado presenta un pasaporte original vigente. La falta de documentación y la limitada colaboración consular aparecen como los principales obstáculos.
La Fiscalía General del Estado alertó sobre las dificultades para ejecutar la expulsión de ciudadanos marroquíes involucrados en procedimientos penales, incluso cuando se cumplen los requisitos establecidos por la legislación española.
La memoria anual de 2026, correspondiente a los datos de 2025, señala que Marruecos mantiene una posición restrictiva y solamente acepta a quienes presentan su pasaporte original en vigor.
El documento advierte que muchos condenados ocultan deliberadamente ese documento, lo que impide completar su identificación y posterior repatriación.
Advertencias de cinco fiscalías
Las fiscalías de Sevilla, Islas Baleares, Valencia, Murcia y Zaragoza comunicaron problemas relacionados con la actuación de los consulados de Marruecos y Argelia.
En el caso marroquí, la presentación del pasaporte original constituye una condición para autorizar el retorno.
Respecto a Argelia, la Fiscalía sostiene que prácticamente no expide documentos para ejecutar las expulsiones, hasta el punto de que algunas provincias consideran esta vía materialmente inviable.
Problemas que se mantienen cada año
La Fiscalía explica que estas dificultades afectan tanto a las expulsiones acordadas durante la fase de investigación como a aquellas impuestas mediante una sentencia.
Los procedimientos continúan condicionados por obstáculos estructurales que, lejos de disminuir, se han consolidado como uno de los principales límites para aplicar esta herramienta legal.
El informe fue presentado ante el Tribunal Supremo en presencia del rey Felipe VI.
Las causas de los retrasos
Además de la falta de documentos, la memoria identifica otros factores que impiden o retrasan las expulsiones.
Entre ellos aparecen la saturación de los órganos judiciales, la imposibilidad de localizar al investigado o condenado y la existencia de otras responsabilidades penales pendientes.
También se registran casos en los que la expulsión no se resuelve en la sentencia, queda aplazada hasta la fase de ejecución o no se comunica oportunamente el fallo a la autoridad gubernativa.
La colaboración consular es el principal obstáculo
Pese a la existencia de diferentes dificultades administrativas y judiciales, la Fiscalía considera que el mayor problema continúa siendo el déficit de documentación.
A este inconveniente se suma la limitada colaboración de los consulados encargados de reconocer y recibir a sus respectivos ciudadanos.
La combinación de ambos factores provoca que expulsiones legalmente autorizadas no puedan materializarse.
Segovia muestra un resultado diferente
Algunas provincias presentan cifras más favorables y demuestran que el procedimiento puede funcionar cuando se cumplen las condiciones necesarias.
En Segovia se tramitaron 16 solicitudes de expulsión, de las cuales 14 fueron autorizadas y 13 se ejecutaron finalmente.
Para la Fiscalía, estos resultados confirman que la expulsión sigue siendo una herramienta eficaz cuando coinciden los requisitos administrativos y documentales.
Más de 1.200 informes durante 2025
Los fiscales especializados emitieron 1.287 informes relacionados con expulsiones de ciudadanos extranjeros involucrados en procedimientos penales durante 2025.
La cifra representa un incremento del 15,20% frente al año anterior.
El aumento de los expedientes contrasta con las dificultades existentes para completar los procedimientos y trasladar efectivamente a las personas expulsadas.
Marruecos también solicita extradiciones
Pese a las exigencias para recibir a sus ciudadanos, Marruecos fue el segundo país que más solicitudes de extradición pasiva remitió a España durante 2025.
Presentó 49 solicitudes y solamente fue superado por Perú. Además, encabezó las reclamaciones internacionales relacionadas con el tráfico de drogas.
Marruecos también fue el país que más ciudadanos españoles condenados en su territorio por tráfico de estupefacientes trasladó a España para que terminaran de cumplir sus penas.
Posibles dificultades tras la crisis de Ceuta
Los datos de la memoria corresponden a 2025 y, por lo tanto, son anteriores a la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio.
Fuentes policiales señalan que las expulsiones de detenidos en la ciudad autónoma se están agilizando.
Sin embargo, los obstáculos documentados por la Fiscalía permiten anticipar posibles dificultades administrativas y consulares durante los próximos meses.
Fuente: LA RAZON
